El Ayuntamiento de Castelló amortizará cinco plazas vacantes de funcionarios en 2014, pero a su vez pagará 61.000 euros brutos anuales a un nuevo jefe de protocolo de reciente creación. Este puesto de trabajo público es una salvedad del equipo de gobierno en el plan de ajuste 2012-2022, que contempla la suspensión de nueva oferta de empleo y la amortización de plazas que vayan quedando libres por jubilación al menos hasta 2016. El ayuntamiento se escuda en que la citada plaza, que se aprobó hace justo un año, sustituye al contrato privado que venía asumiendo las funciones de protocolo y que no supondrá un aumento del gasto. Pero la nómina prevista para el técnico supone el triple de lo que cobraba el anterior trabajador con 61.000 euros anuales. El técnico dispone de condición de jefe del servicio y por ello cuenta con una de las retribuciones más altas.

El jefe de protocolo y organización de eventos se sitúa en la cúspide salarial de la plantilla municipal -formada por 1.200 funcionarios y 200 trabajadores temporales- y su salario sólo es superado por otros ocho altos funcionarios; concretamente, por la secretaria general del pleno, que percibe 82.283 euros brutos anuales; el secretario general de la administración local, 81.818; el interventor, 76.106; el intendente general, el director de gestión económica, el viceinterventor y la tesorera, que reciben 74.879 euros brutos al año; y la asesora jurídica, con 69.250 euros.

No obstante, el gasto en personal no crecerá en 2014 y se mantendrá en un números similares a los de 2013, con una consignación global de 49,8 millones de euros, lo que representa cerca de un tercio del presupuesto anual. En este sentido, el consistorio, además de paralizar la convocatoria de oposiciones públicas, prosigue con los planes de amortización que establecen las medidas de ajuste y contempla el próximo año dejar sin cubrir cinco puestos de funcionario que se quedan vacantes por jubilación. Serán un puesto de administrativo, un coordinador, un médico y un chófer de la Samu municipal y un sacerdote del cementerio. Al tiempo, el salario de funcionarios, concejales y asesores eventuales continuará congelado por tercer año consecutivo.

El programa de austeridad estima un ajuste de 63 plazas de 2012 a 2016 con un ahorro de un millón de euros. El ayuntamiento ha evitado los despidos de personal, pero a través de la amortización ha reducido en 150 trabajadores el personal municipal en los últimos cinco años.

Asimismo, el ejecutivo local ha recortado algunas prerrogativas en el nuevo convenio laboral, en el que reduce un 25 % las ayudas sociales, retira el seguro sanitario privado a los funcionarios veteranos, que se incorporan a la Seguridad Social, y limita las horas extra, que se cobrarán además en horas de libranza. A cambio, el acuerdo marco sólo estará en vigor dos años, hasta el 31 de diciembre de 2015.