La Generalitat Valenciana ha triplicado este año el copago a los usuarios de las residencias de discapacitados y las asociaciones sociales de Castelló advierten que el 15 % de las familias abandonará la red de centros por no poder hacer frente a esta subida. Los 8.000 afectados de la Comunitat Valenciana, de los que 1.500 se encuentran en Castelló, saturarán con recursos la Conselleria de Bienestar a fin de virar este recorte público.
Familiares y entidades sin ánimo de lucro que gestionan las residencias y centros ocupacionales están en pie de guerra con el Consell y alertan de que esta decisión provocará situaciones de «desarraigo» en el colectivo de discapacitados. Las nuevas tarifas incrementan hasta un 350% las cuotas mensuales de los usuarios, según resoluciones remitidas por la conselleria, que muestran un alza de 400 a 1.800 euros o de 300 a 1.088 en los casos más gravosos. Asimismo, se elevan de 12 a 14 las mensualidades a pagar. Hasta este año, el Consell venía asumiendo entre un 4o % a un 70% los costes de residencia y ahora ha reducido las subvenciones hasta tal punto que los discapacitados residentes sólo se sostendrán con 100 euros al mes de su pensión tras abonar el coste de su plaza.
La situación se agrava especialmente en las citadas residencias. En este caso, un 14 % de discapacitados pagará más de 1.000 euros, el 28 % entre 500 y 1.000 euros y el 53 % entre 100 y 500 euros. En los centros ocupacionales, el 59 % aportará entre 100 a 500 euros y el 41 % restante estará exento. La Generalitat alega que esta medida se encuadra en el contexto de crisis económica y asegura que la gente con una renta mensual inferior a los 532 euros (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) dispondrá de plazas gratuitas. La cuestión es que ha incluido otras variables económicas de las familias en el modelo de financiación, además de la pensión del residente, y ha endurecido los requisitos para cobrar el 100 % de la subvención.
Este cambio ha elevado de forma sustancial el copago y ha producido situaciones anómalas. Por ejemplo, un usuario del centro de Afanias de Castelló ha de pagar por su plaza más dinero -1.890 euros al mes- de lo que percibe de pensión -800-, tal como constata la orden de la conselleria. Según Afanias, Bienestar Social le computa dos inmuebles familiares que están a su nombre y el afectado habrá de abonar al año 26.000 euros en 14 mensualidades.
La plataforma que integra al asociacionismo de discapacitados ( Cermi) y Afanias alertan de que la mayoría de usuarios recibe una pensión no contributiva de entre 300 y 400 euros mensuales y sostienen que algunas familias han expresado su intención de marcharse del centro de día. Las entidades sociales calculan que en Castelló se podrían de baja entre un 10 y un 15 % de personas discapacitadas. Al respecto, familias de 20 de 150 residentes de Afanias afirman que se irán de la residencia si se aplican las nuevas cuotas. Esta fuga también amenaza con extenderse a otros centros de la provincia como los de Frater o Cocemfe, explicaron fuentes del sector.
«Afecta al sector más débil»
Los familiares ultiman la presentación de un alud de recursos de alzada contra las resoluciones de pago de la conselleria. «Esta medida afecta al sector más débil de la sociedad y pone en peligro una de las patas del Estado de Bienestar», resalta un portavoz de Afanias, que lamenta que los discapacitados estarán «desprotegidos» socialmente si pierden el tratamiento que ofrece una residencia.
