El diputado por Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha anunciado que «hemos pedido la comparecencia en sede parlamentaria de la consellera de Educación, para que nos explique, si puede, ese extraño cierre de unidades escolares en diferentes centros de tantas de nuestras poblaciones, que se está extendiendo como setas por toda nuestra geografía y que, curiosamente, afecta sobre todo a las líneas en valenciano».

Pañella ha declarado que «cuando Alberto Fabra presentó el cierre de RTVV como la única alternativa para no tener que cerrar escuelas u hospitales, ya dejamos claro que no creíamos en la sinceridad de sus palabras. Y, como preveíamos, ahora, ya sin RTVV, continúa el cierre de unidades escolares que, se suponía, ya no haría falta por supuesto ahorro que se produciría debido a este cierre».

El diputado de Compromís ha dicho «que no nos argumenten que la población escolar ha disminuido, porque nadie se cree que, de un curso para otro, como para justificar todas las unidades que amenazan cerrar. Lo único que ocurre en realidad es que han dinamitado la ratio escolar, y cada vez atienden más y más alumnos en un aula; y, así, finalmente les acabarán sobrando todas las otras aulas, sólo tendrán un aula masificada por centro y nivel, con 50, 60 o más alumnos».

Pañella ha asegurado que «ante esta política suicida desde el punto de vista educativo, exigimos la paralización del proyecto; y que, si realmente son necesarios algunos cierres puntuales de unidades escolares, se haga de manera consensuada con los ayuntamiento, las AMPAs y los consejos escolares de los centros afectados, y no por imposición unilateral. Por lo tanto, damos pleno apoyo a la negativa de los grupos implicados en aceptar estos cierres absurdos».

Por su parte, la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, también incide en la comparecencia de Catalá para que dé explicaciones sobre lo que denomina «un ataque por partida doble, uno a la educación pública y otro a la enseñanza en lengua catalana en nuestro país. Una doble ofensiva de la derecha que debemos parar».

La parlamentaria considera una noticia preocupante la supresión de 16 unidades escolares en valenciano, cinco de ellas en Castelló, «porque también comportará una reducción del uso de nuestra lengua en el resto de ámbitos de la sociedad. Parece que Catalá quiere acabar con el catalán como lengua vehicular de futuro en el País Valencià».

Albiol afirma que las administraciones públicas tienen la obligación por ley de defender nuestra lengua y potenciar su uso, «todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno, que bajo criterios estrictamente económicos pretende cargarse la normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo y debilitar de paso el tejido público de la enseñanza».