La multinacional Cairn Energy prevé ejecutar la fase sísmica de prospecciones petrolíferas junto a Columbretes (a 18 kilómetros de la reserva) entre los meses de octubre de 2014 y febrero de 2015 en caso de que el Gobierno confirme la Declaración de Impacto Ambiental Favorable, según consta en el estudio de impacto ambiental sometido a exposición pública. El coste de los estudios ascenderá a 24 millones de euros.

No obstante, la propia empresa admite que los estudios con fuentes de sonido pueden dañar a la fauna y provocar la huida de parte de la población, lo cual afectaría a las capturas de los pescadores de la zona, tal como ya denunció la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores.

También admite el estudio de impacto que la exploración sísmica ocupará un área propuesta para su protección como Zona de Especial Interés para las Aves (ZEPA) dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Aún así, el estudio de impacto ambiental defiende que los impactos ambientales son moderados o compatibles con la protección del ecosistema y con la legislación vigente.

Al margen de la posible muerte de peces y de las lesiones físicas provocadas por las intensas ondas de sonido, el estudio de impacto reconoce que la exploración sísmica puede provocar cambios de comportamiento y desplazamiento de las poblaciones.

Esta huida de los bancos de peces es precisamente uno de los impactos más temidos por los pescadores. Tal como explicaron especialistas del sector, «el problema es que una vez el pescado huye no sabemos cuándo volverá, y el periodo puede ser muy largo. Los trabajos de prospección pueden durar 75 días, pero los peces pueden tardar un año o más en volver. No se puede saber con exactitud, pero el impacto es muy fuerte y va a afectar al ecosistema marino y a muchas familias que viven del sector pesquero».

El estudio de impacto prevé establecer perímetros de seguridad en los cuales no podrán faenar los pesqueros, lo cual generará un contratiempo añadido a los barcos. A este respecto, la empresa se compromete a informar de forma voluntaria a las cofradías afectadas y hacer incluso una puesta en común de las fechas de operación menos perjudiciales. Eso sí, el estudio no apunta a posibles compensaciones económicas por los daños causados.

De igual modo, de confirmarse el periodo de estudio elegido por la empresa, la exploración geofísica se llevará a cabo entre los meses de octubre y febrero, un espacio temporal que coincide en parte con la veda en la que no pescan los barcos de cerco (del 30 de noviembre al 1 de febrero), aunque sí que estarán trabajando los de arrastre.

Según el estudio de impacto, las emisiones de sonido generan impacto sobre diversas modalidades de fauna marina: plancton marino, tortugas marinas, peces marinos, invertebrados marinos, aves marinas y mamíferos marinos.

Al objeto de minimizar estos impactos, la multinacional propone entre otras medidas la contratación de dos barcos guardianes para detectar la presencia de las especies más vulnerables (especialmente los cetáceos). Asimismo, dispondrá de un equipo de observadores para evitar colisiones o una proximidad excesivamente peligrosa.

No en vano, la embarcación principal tendrá 100 metros de eslora y remolcará una serie de fuentes de sonido (a 4 o 5 metros de profundidad) y cables receptores que recibirán los ecos de las ondas sonoras tras su impacto con el fondo marino.

A partir de estas ondas, los equipos instalados en el barco podrán realizar un análisis preliminar de datos y configurar posteriormente un mapa del subsuelo marino con la localización de posibles bolsas de hidrocarburos (gas y petróleo). Estos estudios, en caso de ser favorables, darían paso a la fase de estudio ambiental para perforación del subsuelo. No obstante, la decisión queda en manos del Ministerio de Medio Ambiente, que debe decidir si asume los riesgos del proyecto.