El Ministerio de Industria espera recibir en abril cinco informes encargados por la empresa Escal UGS a tres colegios profesionales de España (Geólogos, Ingenieros de Minas e Ingenieros de Caminos) y a dos entidades internacionales para decidir si ordena el cierre definitivo o si, por contra, se arriesga a autorizar la reapertura de la planta pese a los 538 terremotos inducidos.

Así lo confirmaron ayer fuentes próximas al ministerio, que corroboraron los datos que se barajaron el pasado 25 de febrero durante un encuentro específico de expertos organizado por Escal UGS en el Colegio de Geólogos de Catalunya.

De este modo, Industria no considera suficientes los informes requeridos en septiembre al Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero ya en manos de Industria y ha aceptado la petición de Escal para que se preste una especial atención a sus informes de parte, que han sido encargados a las entidades que la concesionaria consideró más oportunas.

Los mencionados informes se encuentran ya en fase de redacción y, según fuentes a las que ha accedido Levante de Castelló, uno de los más avanzados es el del Ilustre Colegio de Geólogos, que confía en poder finalizarlo y entregarlo antes de que finalice el mes de marzo. En dicho estudio están trabajando cuatro de los mayores expertos del país en sismología y un equipo de alrededor de 10 científicos.

De uno u otro modo, las mismas fuentes precisaron que los expertos ya han confirmado de forma casi unánime que no podrán garantizar al 100 % que no habrá más terremotos inducidos en la zona del Castor si se reanuda la inyección de gas. Los científicos coinciden al señalar que la reapertura de la planta sería incompatible con la exigencia de la diputación, los ayuntamientos y la Generalitat, que exigen garantías al 100 % de que no se volverá a repetir un episodio sísmico como el del pasado septiembre, en el que se registraron 538 seísmos con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Richter.

A este respecto, un sector de los expertos también ha apuntado que antes de tomar la decisión de la reapertura o de cierre sería necesario realizar más estudios que podrían prolongarse hasta 2 años.

Sin embargo, la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, incluso llegó a anunciar el pasado mes que reabrirá la planta en 2014 y amenazó al ministerio con entregarle el almacén y cobrar la indemnización de 1.700 millones de euros.

Una de las claves de los informes que presentará Escal UGS es averiguar si los seísmos fueron realmente provocados por la Falla de Amposta (con un potencial para generar seísmos de 7,1 grados cada 55.000 años) o una falla menor, con lo que el riesgo de terremotos con daños materiales o personales sería menor.

Es más, los estudios también pretenden revisar si el tamaño y potencial de la Falla de Amposta es correcto o podría ser menor, lo cual daría más argumentos a Escal UGS a la hora de descartar riesgos de terremotos destructivos.

Pese a ello, otro de los aspectos que algunos de los expertos están considerando es la percepción social del riesgo, ya que los ciudadanos e instituciones de Vinaròs y Tarragona consideran inasumible que se repitan seísmos inducidos de hasta 4,2 grados que generan movimientos en sus casas, incluso aunque en teoría no supongan un riesgo para bienes materiales o personas.