El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha dicho sentirse hoy "políticamente responsable" de las corridas de toros de la Beneficencia, de la cuales nadie le advirtió que eran "ilegales", y ha responsabilizado a su sucesor en el cargo de la "compensación" del cobro de entradas.
Fabra ha hecho estas afirmaciones a los medios de comunicación tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón durante tres horas.
El también expresidente provincial del PP ha declarado junto al exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez, ambos en calidad de imputados.
La fiscalía presentó una querella por posibles irregularidades en el método de cobro de las entradas de la corrida de la Beneficencia que organizaba la Diputación de Castellón.
El fiscal asegura que en la época en la que Carlos Fabra era presidente y su vicepresidente era Francisco Martínez, ambos pudieron cometer los delitos de fraude, prevaricación y exacciones (cobro de impuestos o deudas) ilegales por el método de cobro de estas entradas que consistía en asignar un número de localidades a los municipios y posteriormente compensar el coste con las deudas que éstos tuvieran con la institución provincial.
A su salida de la Audiencia Provincial, tras tres horas de declaración, Fabra ha dicho sentirse "políticamente responsable de las corridas de la Beneficencia" ya que "permitieron que muchas asociaciones de discapacitados, durante muchos años, pudieran percibir beneficios".
Sin embargo, la corrida "no es asunto mío, sino que se venía haciendo en la época de Solsona de la UCD y en la etapa predemocrática", ha señalado.
Asimismo, ha añadido: "Nadie nunca me ha advertido de ninguna ilegalidad en el funcionamiento de la corrida, ni por parte de la secretaría general, ni de la intervención, ni de la tesorería".
Fabra ha agregado que en ningún ayuntamiento de la provincia, sus técnicos municipales les han hecho alguna advertencia de ilegalidad, por lo que "presumimos -ha dicho- que estamos dentro de la ley".
También ha manifestado que, a preguntas del fiscal, no ha podido recordar que en los años en los que fue presidente de la Diputación "se hubiera hecho nunca ninguna compensación de deuda por la corrida".
Fabra ha manifestado que cuando se tomó el acuerdo de compensación de entradas de 2012, "hacía un año" que él no era presidente de la Diputación.
La decisión de compensación, ha agregado, "la toma el equipo de Gobierno presidido por Javier Moliner", su sucesor, por lo que ha indicado que se le pregunte a él.
Preguntado por el caso de Vila-real, que motivó la condena a la Diputación a abonar al Ayuntamiento los 19.850 euros cobrados mediante compensación por unas entradas que no llegaron a comprar, Fabra ha dicho que él "no estaba", por lo que ha insistido: "Que le pregunten al actual presidente de la Diputación".
A preguntas de los periodistas ha evitado opinar sobre "lo que hace Moliner en la Diputación".
Asimismo ha dicho haber leído una carta de lo que "Moliner mandaba a los ayuntamientos ofreciendo una cuenta corriente" y ha añadido: "La recuerdo, si no igual, muy parecida a la que mandaba yo".
Fabra ha explicado que a los ayuntamientos "toda la vida se les enviaba las entradas para que ayudaran con su distribución", y el que no las quería las devolvía todas o la mitad de ellas.
Sin embargo ha aseverado que "no había imposición a ningún ayuntamiento para adquirirlas, ni había nunca represalias".
Por su parte, Francisco Martínez, ha señalado estar "muy tranquilo" ya que él actuó "por delegación de firma o como presidente en funciones y avalado por los técnicos de la Diputación".
Los precios de las entradas, ha añadido, estaban aprobados por el pleno, y ha dicho que su declaración como imputado es en referencia a "un tema administrativo".
Al ser preguntado sobre la compensación de deuda en la época del nuevo presidente de la Diputación, Javier Moliner, Martínez ha dicho que "siempre se hace a través de los técnicos de tesorería".
