El equipo de gobierno de Vila-real, con el alcalde de la ciudad al frente (el socialista José Benlloch), denunciará ante los juzgados el caso Piaf por presuntos delitos de «falsedad, prevaricación y malversación» derivados de las relaciones contractuales entre el anterior ejecutivo local (liderado por el ex alcalde popular Juanjo Rubert) y la empresa Piaf para la realización de tareas de mantenimiento de las dependencias municipales.
Ayer el primer edil vila-realense anunció la decisión «unánime» que se tomó el martes en la junta de gobierno y explicó que así lo han aconsejado los abogados contratados por el consistorio en un informe, por el momento confidencial por «prevención» y para salvaguardar la estrategia judicial del equipo de gobierno, en el que los letrados alertan de presuntos quebrantamientos de la ley. Además, el alcalde sumó a estas razones el hecho de estar ante «elementos que podrían generar problemas en el futuro».
Rubert dio el beneplácito para pagar por endoso bancario facturas que ascendían a un importe de 600.000 euros. Unos recibos que Benlloch tilda de «falsos» y que anuló mediante decreto al tomar el mando en el gobierno. El primer edil aseguró que «los propios funcionarios dicen que los trabajos no se realizaron o comentan que los hicieron ellos mismos», aseguró. Benlloch, que teme que la entidad bancaria reclame el dinero o emprenda acciones legales, aseguró que «no pensamos pagar los 600.000 euros». En esta línea, argumentó, como también aconsejan los abogados, que la denuncia «va en defensa de todos los vila-realenses y cumple mi deber institucional», reiteró. Asimismo, subrayó que «desde el primer momento hemos sido implacables con la corrupción».
El munícipe también lamentó que el caso «ya ha supuesto daños para el erario público de la ciudad». En este sentido, recordó que el día antes de celebrarse la posesión de su cargo, habiendo Rubert entregado ya su acta de alcalde, se pagaron 277.850 euros vinculados a áreas como Cultura, Educación u organización de eventos. El segundo y último paquete fue de 290.423,79 euros correspondiente a una factura única certificando el final de las obras del edificio de la Policía Local.
Unas obras que, tal y como recuerda Benlloch, terminó el cuatripartito. Además, añade los gastos que han tenido que asumir para la contratación de los servicios jurídicos y el tiempo y la «distorsión» que las horas de trabajo y la investigación del caso han supuesto. Una investigación que analiza documentación de entre los años 2006 y 2011. Un periodo en el que, según cifró Benlloch, la facturación de Piaf al ayuntamiento fue de cerca de ocho millones de euros generando una media de 370.000 euros al año.
Caso Gürtel
Piaf está salpicada en la trama valenciana Gürtel por supuesta financiación irregular al PP. Asimismo, Benlloch aseguró que «es una de las empresas que aparecen en actos del PP celebrados en la ciudad», cosa que el munícipe tildó irónicamente de «coincidencia» en una época en la que, señaló, «esta empresa era la dueña en la ciudad y las empresas locales no podían trabajar», aseveró. Además, denunció que el actual edil popular, Javier Nácher, «prorrogara, en contra de la intervención municipal, que Piaf continuará trabajando para el ayuntamiento después de acabarse el contrato de dos años de 2006 a 2008», señaló.
Finalmente, el munícipe confesó que confía en la justicia y dijo que «aunque es lenta, espero que cuando todo se aclare, alguien tenga que dar explicaciones», concluyó.
