El Ministerio de Industria demora desde hace más de un año la entrega de los dos informes de universidades estadounidenses sobre los terremotos del Castor que deben determinar si ordena un cierre definitivo de la planta y ha respondido al juez que no puede entregarle dichos estudios porque todavía no han sido elaborados, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Provincial próximas a la causa.
Ambos informes han sido reclamados en reiteradas ocasiones por la Fiscalía al entender que pueden resultar clave para esclarecer las responsabilidades derivadas de los más de 550 seísmos de hasta 4,2 grados en la escala de Richter desatados por la plataforma Castor, que ahora permanece hivernada a la espera de una decisión sobre su posible reapertura o cierre definitivo.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, había anunciado en mayo de 2014 que la decisión sobre el cierre definitivo del almacén de gas subterráneo dependía del resultado de dos informes adicionales encargados al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Stanford, unos informes que sin embargo siguen sin aparecer pese la insistencia del ministerio fiscal y ahora del juez responsable de la causa.
Industria responde ahora ante un requerimiento judicial que no dispone de dichos informes y que éstos ni si quiera han sido elaborados. El ministerio tampoco ha clarificado cuál es el plazo estimado para su recepción (en el caso de que lo haya). En mayo de 2014, el ministro Soria aseguró públicamente que si los dos estudios estadounidenses corroboraban la relación de los seísmos con la planta Castor «desde luego no se volverá a abrir».
En mayo de 2014 la vinculación ya había sido confirmada meses atrás por un extenso informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), pero el Gobierno quería informes de EEUU para fundamentar su decisión. Finalmente el dilema se resolvió con una hivernación provisional adjudicada a Enagas (sin descartar una posible reapertura) y una indemnización de 1.410 millones de euros a la hasta entonces empresa adjudicataria, Escal UGS.
No obstante, los municipios afectados siguen pendientes de que el Ministerio de Industria confirme sin clausura para siempre la planta Castor, algo que en teoría dependerá de los informes del MIT, Stanford, Enagas y el IGME.
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinaròs ordenó el 26 de enero la imputación de 18 altos cargos de dos ministerios, el Instituto Geológico y la empresa Escal UGS (entre ellos tres ex directores generales del Gobierno socialista) por prevaricación medioambiental y delito ambiental en la autorización y puesta en marcha del almacén de gas Castor en Vinaròs. Argumenta el auto judicial que, supuestamente, la concesionaria, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Medio Ambiente y el IGME incumplieron las exigencias ambientales y obviaron las advertencias sobre riesgos sísmicos en su deseo de autorizar el almacén de gas subterráneo, ubicado en un yacimiento petrolífero abandonado a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs y a 1.700 metros bajo el subsuelo marino. La causa sigue a la espera de nuevas diligencias y una de las primeras ha sido la petición de los dos informes que aún no existen.
