La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunitat Valenciana, Carmen Montón, exigió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que derogue la reforma sanitaria que dejó en 2012 sin derecho a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y le ha instado a que restablezca la universalidad de la asistencia, asegurando que no van a «aceptar recortes ni mercadeos en un derecho humano básico como es recibir una atención sanitaria integral».
Así lo señaló Carmen Montón después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya dado 15 días a las comunidades para responder a la propuesta de mínimos que presentó ayer en la Comisión Técnica de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud sobre la atención a este colectivo.
En respuesta a este plazo, Montón señaló que desde la Generalitat Valenciana le dan al Ministerio «quince días para que derogue el decreto y zanje de una vez por todas la exclusión sanitaria». «Esto es mucho más serio de lo que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy porque estamos hablando del reconocimiento del derecho a la salud de las personas», sostiene.
En este sentido, recalcó que la apuesta de su comunidad es una atención sanitaria «integral» para cualquier persona «independientemente de su origen, frente al modelo ideológico de exclusión, de barreras y de inequidad del Gobierno».
Además, indicó que el Gobierno ya ha reconocido que cometió un error al aprobar el decreto-ley 16/2012, por lo que «ahora sólo les queda derogarlo para enmendar la equivocación», añadió la consellera, quien defendió que desde comunidades autónomas como la valenciana «ya se ha resuelto el problema creado por el Gobierno de Rajoy y no vamos a aceptar un recorte en las medidas adoptadas».
La consellera censuró así los «vaivenes electoralistas» que ha protagonizado el ministerio en los últimos meses relacionados con esta cuestión. «El ministro hizo una propuesta en marzo, antes de las elecciones, que sólo cubría la atención primaria de las personas excluidas y ahora vienen con un documento negociado con los gobiernos autonómicos anteriores a las pasadas elecciones de mayo», comentó.
«Ya está bien de jugar con algo tan básico como es la salud de las personas que viven entre nosotros y que también tienen derecho a la asistencia en igualdad de condiciones», recalcó la consellera.
