Una quinta empresa ha llevado a los juzgados la resolución de la adjudicación de las obras de urbanización del PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca, decisión que el pleno ratificó en marzo después de que la mercantil encargada de gestionar el desarrollo de este sector incumpliera con los plazos marcados. De este modo, son cinco las firmas que han llevado ante los tribunales la rescisión del contrato. El juzgado dio la razón al consistorio en dos de los recursos mientras que el resto están pendientes de resolución.
El Ayuntamiento de Torreblanca acordó esta semana designar abogado para defender los intereses municipales en este nuevo proceso judicial. La concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, explicó que será el mismo letrado quien asuma la defensa del consistorio en todos los recursos, tal como acordaron cuando lo contrataron ya que «veíamos venir que se haría más de una demanda». La primera en recurrir fue la urbanizadora Torremar y las tres siguientes eran empresas asociadas.
Estas mercantiles pidieron suspender de manera cautelar el acuerdo de resolución de la adjudicación del plan, la incautación de avales y la designación de daños y perjuicios. Además, una de ellas solicitó revertir los terrenos del PAI Doña Blanca a rústicos, petición que los servicios municipales rechazaron ya que la reparcelación estaba efectuada y los sectores se ubican en una homologación recalificada. Villanueva incidió en que el juez, que se ha pronunciado en dos de los cincos recursos resueltos, «nos ha dado la razón».
El Ayuntamiento de Torreblanca continúa avanzando en la tramitación de este plan urbanístico y recibiendo a empresas interesadas en su desarrollo, mientras el juzgado resuelve los recursos pendientes. Será entonces cuando el consistorio pueda volver a sacar a concurso la urbanización de Doña Blanca Golf, ubicado en el litoral norte de la localidad. Grupos de inversión tanto nacionales como internacionales han preguntado durante los últimos meses por la situación del plan.
Por otro lado, el pleno acordó la ejecución de gran parte del aval que depositó la empresa que realizó las obras de reforma del campo de fútbol junto con los vestuarios y las oficinas y el gimnasio para reparar varias deficiencias. El consistorio incautará 75.500 de los 80.900 euros de la garantía, que corresponden con la valoración que hicieron los técnicos de los desperfectos detectados. «Tienen quince días para depositar el aval. Se les requirió pero no lo hicieron», dijo Villanueva.
