La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha presentado el balance en emergencia social de los tres primeros meses de gobierno con una inversión de 608.000 euros frente a los 714.000 euros invertidos hasta el 13 de junio. «En 100 días hemos invertido prácticamente la misma cantidad que se invirtió en medio año, lo que demuestra el impulso que han tomado las políticas sociales con el nuevo gobierno», defendió Marco a través de un comunicado.
El aumento de la inversión también se traslada a un mayor volumen de personas atendidas. Desde el 14 de junio, y al cierre del balance el 22 de septiembre, las ayudas a emergencia social han permitido atender a 1.927 personas. El mayor volumen, tanto en personas atendidas como en inversión, corresponde a la atención de necesidades básicas en alimentación e higiene y comedores escolares. El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Bienestar Social dirigida por el concejal José Luis López, ha destinado 374.033 euros en estos tres meses para cubrir las necesidades básicas de 1.310 personas.
El alquiler social absorbe prácticamente el resto del montante en emergencia social ya que desde el 13 de junio se han destinado 225.970 euros para atender a 560 personas de las 565 solicitudes presentadas. «Nuestro compromiso ha sido, desde el primer momento, las personas y, especialmente, las más necesitadas y que peor lo están pasando», reiteró Marco. Este esfuerzo inversor en emergencia social se concretó en la primera modificación de crédito aprobada en julio por el Gobierno municipal que supuso una inyección de 335.00 euros. Además, Bienestar Social ha triplicado el número de niños y niñas atendidas en comedores escolares este año y también triplicará las ayudas de vales de compra, que pasan de 200.000 a 600.000 euros.
Marco recordó que para hacer frente a esas medidas en el ámbito social, el nuevo Gobierno Local ha implantado un paquete de medidas de austeridad: recorte del salario de todos los concejales del equipo de gobierno en 185.000 euros, mientras que los concejales de la oposición mantienen sus retribuciones; reducción del número de asesores; reducción de coches oficiales; renuncia a los escoltas o eliminación de las tarjetas de pago de la autopista.
