El juzgado nº 4 de Nules ha aceptado a trámite la denuncia presentada el pasado 6 de julio por el concejal de Urbanismo, Adrián Sorribes, tras detectar que, supuestamente, se había vendido material de propiedad municipal a varias chatarrerías «sin que constara ningún ingreso en el departamento de Intervención y sin que existieran albaranes en el ayuntamiento», según explicó en una rueda de prensa que dio ayer acompañado por el resto de portavoces del cuatripartito que gobierna en el municipio.
El valor de estas ventas podría rondar «los 15.000 euros que sepamos», tal como avanzó el alcalde, David García, quien también confirmó que, en su día, como consecuencia de la investigación iniciada a raíz de la denuncia, «se detuvo a dos personas en calidad de imputados, M.M.M. y J.R.P», siglas que coinciden con los nombres del anterior concejal de Obras y del jefe de la brigada, que serían en principio los únicos imputados por estos hechos.
El proceso se inició cuando el actual concejal del área, recién asumido su cargo, visitó el almacén municipal y encontró una gran cantidad de cabezas de farolas provenientes de la sustitución del alumbrado público que se estaba efectuando en la localidad. Al indicar que debían gestionarse esos residuos de manera adecuada, fue cuando se descubrió que durante los últimos años «que se sepa», ésta se había hecho de «manera irregular». Según relató Sorribes, después de haberse interesado por el tema, le explicaron que este tipo de materiales se llevaban a reciclar por trabajadores del ayuntamiento en vehículos municipales. «Se entregaban en chatarrerías donde se daba a cambio dinero en metálico». Tras conocer este método de gestión se preguntó en Intervención sobre las entradas del dinero «y no había constancia de nada, no había ningún asentamiento contable», añadió.
Fruto de la investigación inicial, al concejal se le entregó «un sobre con 687 euros», que al parecer estaba en el almacén municipal y provenía de esas ventas de material para reciclar. Inmediatamente, «junto con el Jefe de turno de la Policía Local acudimos a la Guardia Civil y presentamos una denuncia».
Hasta donde el equipo de gobierno ha podido saber, se trabajaba al menos con dos empresas, a las que se les han solicitado todos los albaranes, ya que «no había ninguno en el ayuntamiento». A este hecho se suma que, según García, no existía ningún inventario de materiales, por lo que tampoco se puede saber con exactitud qué material de propiedad municipal ha sido reciclado y cómo, y cuál permanece en el consistorio.
El dinero, en el almacén
Aunque se ha hecho un cálculo inicial apuntado ya por el alcalde, «las cantidades las certificará la investigación de la Guardia Civil», advirtió ayer el edil de Obras. Lo que parece probado es que el dinero que se ingresaba en negro se guardaba en el almacén municipal y que era gestionado, supuestamente, por los responsables del departamento.
A partir de la presentación de la denuncia, la Guardia Civil abrió un proceso de investigación que supuso, entre otras cosas, la detención de los dos imputados, aunque fueron puestos en libertad de inmediato a la espera de juicio. Además se interrogó a todos los trabajadores actuales y todos los que han pasado por este departamento desde hace 5 años. Esa investigación se cerró y se puso a disposición del juzgado, que finalmente ha admitido a trámite una denuncia que podría suponer la comisión de delitos de «apropiación indebida o malversación de fondos públicos», como apuntó el alcalde.
Por su parte, Adrián Sorribes quiso insistir en que este tema se está tratando «con mucha prudencia» y se ha dado cuenta pública de la denuncia y del proceso abierto ahora y no antes «a pesar de que la gente nos preguntaba al haberse extendido el rumor, porque ya tenemos constancia oficial de que se va a juzgar».
El caso es que se sospecha de que éste era el procedimiento habitual para la gestión de determinado tipo de residuos, como podrían haber confirmado empleados municipales. A este respecto, preguntado por si, paralelamente al procedimiento judicial, se realizará una investigación interna o se abrirán expedientes administrativos a los trabajadores supuestamente implicados, Adrián Sorribes señaló que, por lo que han podido saber, todo apunta a que los trabajadores «obedecían órdenes», aunque en cualquier caso la depuración de responsabilidades la determinará el Tribunal, «nosotros no vamos a señalar a los culpables». De hecho en todo momento evitó nombrar cargos o citar a personas implicadas.
En la actualidad el procedimiento para la gestión de los restos de las farolas es distinto, ya que se hace a través de la empresa Ecolum, que retira los residuos, deja constancia oficial de que lo ha hecho y de que los deposita en un punto verde, pero no existe contraprestación, como sucede, por ejemplo, con el vidrio, «el ayuntamiento no ingresa nada».
