En el pleno de septiembre hubo un primer aviso con una moción, y en la sesión de ayer Castelló en Moviment escenificó otra vez sus diferencias con el Gobierno local, al que sustenta en la barrera, y en este caso en un tema capital como la política fiscal. El partido que alienta Podemos rechazó la principal revisión tributaria anunciada para 2016-rebaja del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles -, y sin su apoyo el ejecutivo sufrió una dura derrota, ya que el PP también votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Estas disensiones dificultan la aprobación del próximo presupuesto de 2016 y aventuran una legislatura complicada para la coalición progresista. PSPV y Compromís conforman un gobierno en minoría (11 concejales y la mayoría está en los 14). CS en Moviment pactó tras las elecciones un programa de gobierno para los cuatro años de mandato con las otras dos fuerzas de izquierdas, pero optó por quedarse en la oposición. A pesar del acuerdo postelectoral, los diferentes papeles que juegan unos y otros muestran una falta de engranaje entre el gobierno y su aliado.

Las divergencias son más por una cuestión de forma que de fondo. CS en Moviment pide más contundencia al gobierno en sus políticas, mientras PSPV y Compromís se escudan en la maquinaria administrativa y en la complicada situación de las cuentas para justificar el ritmo de su gestión. Así se constató en el debate de ayer las ocho nuevas ordenanzas fiscales del ejecutivo. Los concejales del PSPV y Compromís solo pudieron sacar adelante tres de las mismas y solo una era de renombre -rebaja del 50 % de la tasa de terrazas-. Las otras dos son la supresión de las tasas de la ORA y el Bicicas porque dependen de concesionarias privadas. La reforma impositiva de mayor calado -contención del IBI- fue desestimada por 12 votos en contra y 11 a favor. Tampoco obtuvieron el visto bueno los cambios en el impuesto de obras y en los tributos de vado y vehículos.

El ejecutivo local planteaba rebajar el coeficiente del IBI del 0,7850 al 0,690 para compensar la actualización del 10 % anual del catastro. Sin esta reducción, la cuota subirá cerca de un 10 % el próximo año.

CS en Moviment censuró que persiste la maquinaria administrativa de «una mayoría absoluta» y lamentó la falta de tiempo para negociar. El concejal de Hacienda, Antonio Lorenzo, sostuvo que ya se ha creado un grupo de trabajo para dinamizar las estructuras internas y adujo que la reforma fiscal de 2016 no ha sido más ambiciosa porque están condicionados por la desclasificación de suelo urbanizable sin edificar, que reducirá los ingresos del IBI en 1,1 millones. El PP se tomó su venganza tras ver rechazada su moción fiscal hace un mes, y justificó su no al nuevo IBI en que incumple el pacto de gobierno de izquierdas. «Es más de lo mismo», afirmó el edil Carlos Feliu.