Uno de los principales frentes de batalla en el mandato del ayuntamiento será con la problemática de los desahucios. El ayuntamiento ya ha firmado un protocolo de actuación con el colegio de procuradores y la Audiencia Provincial con el objetivo de evitar desahucios u ofrecer una alternativa habitacional cuando el desalojo no se pueda paralizar judicialmente. Esta medida también incluye una oficina municipal que asesorará a los afectados y que informará de las opciones en alquiler social ofrecen el ayuntamiento y la Generalitat. Este trabajo se vinculará con la futura Ley de Función Social de la Generalitat, que reclamará a las entidades financieras la cesión de viviendas sin ocupar con la amenaza de sanciones económicas a las que se nieguen a hacerlo. La mayoría de bancos se ha negado a suscribir una moratoria hasta la aprobación de la nueva ley
