10 de diciembre de 2015
10.12.2015

El informe de sostenibilidad ambiental del PGOU de Benicarló cuesta 100.000 euros

Los vecinos mantendrán mañana en Castelló una reunión informativa con el director general de Ordenación del Territorio

10.12.2015 | 08:20
El informe de sostenibilidad ambiental del PGOU de Benicarló cuesta 100.000 euros

La alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, confirmó ayer que el ayuntamiento está a punto de publicar la licitación del documento de evaluación estratégica (también llamado informe de sostenibilidad ambiental) del PGOU, un documento que tiene que servir para avanzar en la tramitación de la modificación del PGOU, que ya se alarga más de 12 años. La licitación tendrá un precio de 100.000 euros + IVA y servirá para desbloquear la tramitación del Plan General y para dar un impulso que se espera que sea «definitivo».

Xaro Miralles hizo ayer este anuncio en una comparecencia en respuesta a los vecinos de Riu, Surrac y Aiguadoliva que advirtieron la semana anterior que iban a proceder a denunciar al ayuntamiento a colación de los conflictos vinculados al PGOU, por la calificación urbanística de la zona.

Miralles lamentaba el «alarmismo» que se había creado con los titulares aparecidos en prensa provincial, que no se corresponden con la realidad y defendía la transparencia que ha seguido el equipo de gobierno en todo el proceso iniciado en la reactivación del Plan de Ordenación urbana en la presente legislatura. «No se nos puede acusar de opacidad en información, ya que es justamente lo contrario», manifestó la alcaldesa y edil de Urbanismo, que afirmó ba que esta acusación resultaba «intolerable». La alcaldesa aseguró que «hemos puesto en marcha una comisión de seguimiento del PGOU, una comisión de trabajo con una amplia representación política y técnica. Además, estamos estudiando la creación de un Consejo de Urbanismo para favorecer la participación no sólo de asociaciones de propietarios, sino también de entidades ecologistas, representantes de entidades que trabajan con la discapacidad y personas particulares, entre otros».

La alcaldesa avanzó que se ha solicitado una reunión con el director general de Ordenación del Territorio, y parte responsable del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde de Litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL), Lluís Ferrando, para que sea él mismo el que exponga a los vecinos cómo les afectará la moratoria, un encuentro que se producirá en la Casa dels Caragols, en Castelló, mañana viernes. Miralles aseguró que, a pesar de que la moratoria de un año que prevé el Pativel, en principio no afecta a la costa Norte porque no es una zona urbanizable, «sí que queremos que nos explique cómo afectará a la revisión del PGOU y al posible desarrollo de la zona».

Otras reuniones este mes

La alcaldesa añadió que la asociación de vecinos de Riu, Surrac y Aiguadoliva está convocada también a las reuniones de los próximos 14 y 21 de diciembre para elaborar la estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) que están elaborando conjuntamente Benicarló y Vinaròs para acceder a los fondos FEDER.

La primer edil recordó que es la propia Conselleria la responsable y competente a la hora de aprobar los PGOU, «es el ayuntamiento el que propone un documento y Consellería la que se pronuncia», puntualizaba Miralles.

La alcaldesa reconocía que el PATIVEL condicionará la revisión del PGOU de Benicarló, así como también lo condiciona el PATRICOVA, ya que deben incorporarse en la revisión emprendida por el equipo de gobierno. Miralles apuntó a que la calificación de urbanizable de un terreno significa también dotar de servicios la zona, como alcantarillado, calles o iluminación, «las leyes hacen que lo tengan que pagar los vecinos, y realmente no sabemos si eso sería anti económico incluso, o cuánto costaría una parcela de 1000 metros en esa zona debido a los costes de urbanización».

«El Ayuntamiento -ha concluido la alcaldesa-, trabajará para que se apruebe el Plan General y para que Benicarló salga adelante. Y haremos lo que esté en nuestras manos, siempre dentro de la legalidad y según los criterios que nos marque la Conselleria que es quien tiene la competencia».

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