El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a recuperar la finalidad para la que se estableció la renta garantizada de ciudadanía y sirva, realmente, para ayudar a la «inserción laboral de los ciudadanos».
Según estas recomendaciones, Cholbi considera necesario que la ayuda —que reciben anualmente 22.981 personas— deje de ser una «mera prestación económica» y, al mismo tiempo, se revisen las cuantías a percibir y las condiciones para acceder a la prestación, además de los plazos para resolver sobre estas ayudas.
De esta forma, Cholbi ha considerado que la forma en la que actualmente se gestiona el programa de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) «ha provocado la pérdida de su finalidad última, que no es otra que la inserción socio laboral de sus perceptores». «Esta distorsión queda claramente reflejada en la renuncia de la propia Administración a convocar las comisiones mixtas encargadas de elaborar los planes de inserción laboral de los beneficiarios de la prestación, con lo que la RGC queda reducida a una mera prestación económica, abandonando la posibilidad de apoyar la inserción», destacó.
El Síndic aconseja reactivar la comisión mixta junto a la Conselleria de Economía Sostenible para elaborar los planes de inserción laboral y la comisión de seguimiento para que el programa «se ajuste de forma a las nuevas necesidades».
14.000 solicitudes pendientes
El defensor del pueblo recordó a la administración su obligación legal de resolver en plazo las 14.000 solicitudes que, según los últimos informes de la Conselleria de Igualdad, están pendientes de resolución en este momento. Para Cholbi, el retraso en dar una respuesta a los solicitantes «aumenta, aún más si cabe, el sufrimiento soportado por las personas sin recursos y sus familias», aseguró el Síndic, que reprochó a la anterior Conselleria de Bienestar Social su intención de reconocer efectos económicos desde la fecha de resolución y no desde la presentación de la solicitud «intentando evitar, los efectos económicos derivados de una mala práctica».
