El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura de los consumidores. Se abre así otro frente judicial contra la plataforma, que permanece cerrada desde septiembre de 2013 tras provocar más de 500 seísmos en el norte de la provincia de Castelló y sur de Tarragona.
La orden del Ministerio de Industria recurrida por el Govern catalán establece los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas. Es decir, determina los pagos que tienen que efectuar consumidores y productores para sufragar los costes del sistema gasista, como la distribución o el transporte. La orden, promulgada en diciembre de 2014, incluye el primer pago a Enagas en 2015 por el mantenimiento del almacén de gas Castor, que está en hibernación. La cuota asciende a 17 millones de euros al año.
La Generalitat de Cataluña presentó un recurso el pasado mes de febrero alegando que la planta ubicada frente a la costa de Vinaròs no debe considerarse parte del sistema gasista, ya que nunca llegó a entrar en funcionamiento -la instalación se cerró en la fase de prueba de inyección de gas, cuando se registraron los terremotos-. «Consideramos que este almacenamiento no debe repercutirse en la tarifa del gas, no tienen que ser los usuarios quienes lo costeen», según explicaron ayer fuentes del Govern. «La orden del ministerio incluye los costes de mantenimiento y si reconocemos que tienen derecho a esto, estamos reconociendo que Castor forma parte del sistema», concluyeron.
El recurso fue presentado en un primer momento ante la Audiencia Nacional, pero finalmente ha sido el Tribunal Supremo el que se ha hecho cargo del contencioso por una cuestión de competencia. Según un auto del alto tribunal del pasado mes de noviembre, los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno corresponden a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y la orden de Industria recurrida se inscribe en esta categoría. Tras asumir la competencia, la Sección Tercera del tribunal acordó la admisión a trámite del recurso el pasado 23 de diciembre, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Otras vías contra Castor
La Generalitat de Cataluña se ha pronunciado en diferentes ocasiones contra del pago de la indemnización prevista para los promotores del proyecto Castor, que asciende a unos 1.350 millones de euros y que se cargará en la factura del gas durante 30 años.
Además del recurso que se tramita en el Supremo, el Govern ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley de medidas del sistema gasista que incluye la indemnización del Estado a Escal UGS, participada en su mayoría por la empresa ACS. Por otra parte, apeló también a la Comisión Europea, que aunque rechazó la intervención de la Generalitat catalana como actora en el proceso, se comprometió a estudiar el caso, según fuentes del Govern. De esta manera, el ejecutivo ha recurrido a diferentes vías para impedir el pago por Castor.
