El Ayuntamiento de Castelló planea impulsar nuevas cláusulas sociales en las contrataciones públicas que primarían las empresas que apuesten por la innovación y que estén libres de condenas por corrupción, según fuentes municipales.
El ejecutivo local tiene en marcha un grupo de trabajo que analiza una revisión de las actuales cláusulas sociales. El anterior gobierno de Alfonso Bataller impulsó la primera baremación social en las adjudicaciones públicas e incluyó la contratación de personas en desempleo o en riesgo de exclusión social y la promoción de políticas igualitarias. Ahora quiere ir más allá y reforzar estas cláusulas sociales.
Esta modificación se encuentra en una fase embrionaria. La mesa de trabajo analiza posibles propuestas pero todavía no ha concretado ninguna. Estos cambios no se podrán materializar hasta que finalicen las actuales concesiones, y la vigencia de los contratos de la mayoría se prolongará hasta el término del actual mandato, de ahí la falta de celeridad.
No obstante, el ayuntamiento baraja algunas novedades, entre otras, estudia priorizar a las empresas que se comprometan a innovar con los nuevos conceptos inteligentes de «smart city» y contemplen un sistema abierto de información (open data). Esta última medida contemplaría un formato abierto por el que consistorio tendría acceso a la información de la adjudicataria, según el equipo de gobierno
También se pretende valorar aquellas firmas que estén «limpias»de condenas relacionadas con causas de corrupción, según las mismas fuentes.
El Ayuntamiento de Valencia, gobernado también por una coalición progresista, ya ha aprobado un reglamento que impedirá el acceso a las licitaciones municipales de aquellas empresas condenadas por corrupción y, además, las obliga a cumplir la Llei d'Ús del Valencià. Castelló quiere instar a utilizar el valenciano en las campañas informativas de las contratas, aunque no tiene decidido si este requisito formará parte de las futuras cláusulas sociales.
