La exconcesionaria de la planta Castor (Escal UGS) eludió analizar el riesgo de terremotos en la zona porque, según los estudios realizadas por la propia empresa, la zona tenía una sismicidad baja. «En el peor de los escenarios posibles podrían registrarse seísmos con una magnitud de 4,7 grados», según declaró ayer ante el juez de Vinaròs el ex director general de Escal-UGS Carlos Barat. El Gobierno suspendió la actividad en 2013 tras registrarse 300 terremotos, llegando alguno a 4,3 grados.

El ex director general señaló, según fuentes de la acusación popular de Arca Ibérica, que los estudios encargados a consultoras por la firma señalaban que no había riesgo sísmico, y explicó «que la normativa sismoresistente vigente en la época no aconsejaba adoptar precaución alguna por cuanto que la actividad de inyección de gas no tenía incidencia alguna distinta de la sismicidad natural de la zona».

Barat es el último de los 20 investigados de la causa que comparece tras hacerlo el lunes el ex director general de Evaluación Ambiental, Ángel Muñoz. Este mes y en julio desfilarán otros 18 testigos. El presidente de la concesionaria, que estaba participada en un 66 % por el holding de Florentino Pérez, Recaredo del Potro, negó una vinculación entre la inyección del gas y los terremotos y afirmó que los seísmos se produjeron de «forma natural».

El ex director general de la empresa preguntado sobre si tenía constancia a través del Observatorio del Ebro del incremento de la actividad sísmica de la zona durante la tercera fase de inyección de gas (entre el 5 y el 17 de septiembre de 2013), y contestó que sí, y que ante esta situación, «se actúa coordinadamente con los órganos administrativos competentes y ayuntamientos afectados». Según las mismas fuentes, Barat indicó que Escal no decidió reducir la inyección de gas hasta los niveles previos al incremento de la actividad sísmica hasta el 13 de septiembre de 2013, a pesar de que tres días antes el Observatorio informó de que se habían producido 41 seísmos desde el día 5 de septiembre y que a partir del día 9 habían aumentado la frecuencia y magnitud. Además, el Observatorio emitió otro informe el 12 en el que contabilizaba ya 93 seísmos.

Barat adujo que los terremotos de los días previos a la paralización de la inyección carecían «de intensidad suficiente como para poder ser percibidos por la población y los propios operarios».