En 1987 la actual Constitución sólo llevaba nueve años en vigor, España cumplía un año en la Unión Europea y Felipe González ocupaba la Moncloa. En ese año también asumió por primera vez las riendas de la presidencia de la Confederación de Empresarios de Castelló, José Roca. En estos 29 años y flanqueado por su secretario general, Rafael Montero, ha agigantado la maquinaria administrativa de la CEC espoleado por las ayudas públicas destinadas a la organización de cursos de formación.

Durante el «boom» inmobiliario, las subvenciones fueron cuantiosas y creció de manera considerable su estructura burocrática, pero esta vinculación convirtió a la CEC en una organización dócil con el Consell. La patronal se ha caracterizado por una falta de espíritu reivindicativo, más allá de alguna declaración grandilocuente en prensa. Castelló continúa teniendo un déficit en infraestructuras y en esta circunstancia ha incidido el poco peso de la CEC en los foros reivindicativos.

Esta dependencia de la financiación pública explica las dificultades económicas actuales de la patronal castellonense. Un grupo de empresarios considera que la CEC ha de apostar por convertirse en un «lobby» de presión sin apenas ayudas públicas, pero para llevar a cabo estos cambios considera urgente un relevo en la dirección, ya que piensa que unos dirigentes con tres décadas a sus espaldas en el cargo están poco capacitados para ejecutar las novedades que apremia la organización.

Roca defiende que su continuidad es necesaria para evitar que la patronal autonómica engulla a la entidad castellonense, pero sus críticos rebaten que ha sido su gestión la que ha debilitado a la CEC en su pugna con Valencia y no al revés.