La denuncia por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Provincial de Castelló incrementa las voces que abogan por integrar el centro en la red sanitaria de la Conselleria de Sanidad, lo que comportaría la salida de la diputación.
La Generalitat ya ha manifestado abiertamente su intención de disolver el actual consorcio y convertir el centro castellonense en un hospital más del sistema autonómico de salud. PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos defienden este cambio, tal como acordaron en abril en las Corts Valencianes. Compromís y socialistas consideran que este modelo, que comparten Consell y diputación, ha propiciado que el PP lo haya convertido en su «chiringuito particular», mientras Castelló en Moviment subraya que la supuesta trama denunciada por la Generalitat demuestra «la inadecuada gestión del consorcio».
El último colectivo en sumarse a esta posición ha sido la sección de Comisiones Obreras del hospital, el principal sindicato del centro, que ayer instó a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, materializar sus planes. «En la tesitura en la que se encuentra el consorcio, CC OO entiende que es el momento idóneo para implementar el modelo de cambio anunciado hace un año», afirma el sindicato, que subraya que los trabajadores «ven resentidos sus derechos por prácticas gestoras superiores de cuya responsabilidad resultan totalmente ajenos».
El Consell ha convocado este lunes al consorcio para analizar las supuestas irregularidades en facturas por valor de 25 millones de 2006 a 2015, que sido trasladadas a la fiscalía. En el orden del día de la reunión sólo está este punto, pero desde la dirección no se descarta que se trate también una revisión del sistema de consorcio.
El PP en la diputación rebate que gracias a la fórmula del consorcio el hospital es un referente en oncología, oftalmología y salud mental. A su juicio, el Consell pretende beneficiar a la nueva Fe de Valencia con la incorporación del Provincial en la red sanitaria.
Contratos municipales
Por su parte, Castelló en Moviment anunció ayer que presentará el lunes un escrito al ayuntamiento en el que reclamará la relación contractual con las empresas Piaf y Telecso desde el año 2010, empresas implicadas en las facturas del Hospital Provincial. Solicitará que los servicios jurídicos valoren la conveniencia de medidas legales en caso de identificar «si hay una afectación de los intereses generales de la ciudadanía en cobros de servicios al margen de la Ley de Contratos Públicos, parte de los cuales presuntamente habrían financiado ilegalmente el Partido Popular», afirmó la formación asamblearia en un comunicado.
