El Juzgado de lo Penal número 1 de Castelló ha condenado a Francisco José Isach como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa por el tema de las presuntas condonaciones de enganches de grúa y boletines de denuncia. El fallo de la sentencia establece la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante diez años, así como el pago de las costas procesales causadas. El juicio oral se abrió el pasado 15 de febrero y las declaraciones se prolongaron durante varias semanas.

Los hechos se remontan a cuando Isach desempeñaba el cargo de concejal de Policía en el Ayuntamiento de Borriana entre los años 2004 y 2007. Tal y como se refleja en los hechos que relata la sentencia dictaminada, durante este período, y en su condición de edil, ordenó a los agentes de la Policía Local de Borriana bajo su dirección la devolución de vehículos previamente retirados por el servicio de grúa por haber realizado algún tipo de infracción de circulación, y ordenó que no se les abonase las oportunas tasas por ese servicio. En estos hechos constan hasta un total de 29 actuaciones en las que Francisco José Isach ordenó la entrega del vehículo sin abonar la tasa por el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía púbica.

Después del juicio oral en el que, además del acusado, se citaron en calidad de testigos a cerca de 50 agentes de la policía local, a ex alcaldes, ex concejales o técnicos municipales, así como las personas que, presuntamente, no habían abonado esa tasa. Algunas de las personas que no pagaron ese dinero reconocieron conocer al acusado.

Una denuncia del 2008

La formación Cibur fue la que presentó la denuncia en el año 2008, se realizaron las diligencias previas a lo largo de 2009.

A mediados del año 2011, la Audiencia Provincial de Castelló había decidido revocar la decisión de decretar el sobreseimiento provisional del caso que había decidido en junio de 2010 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vila-real.

Y es que la juez de Vila-real, tras manifestar que se habían practicado las diligencias de investigación esenciales, así como de las personas que habían participado, argumentó que no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito que había dado motivo a la formación de la causa, por lo que decretaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones y apuntaba que no había prevaricación, sino mala praxis.

Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló quien consideraba que esta actuación del exedil de Policía había sido arbitraria y censurable.

Ahora el Juzgado de lo Penal ha visto un delito de prevaricación administrativa en la actuación realizada por el concejal de Borriana Isach y por ello le ha decretado la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años. La resolución no es firme y cabe recurso de apelación.