02 de agosto de 2016
02.08.2016

CSeM pide apartar a Montero y Tirado de los entes locales

El socio externo del bipartito cree necesaria la adopción de medidas cautelares en casos de posible corrupción

01.08.2016 | 23:44

En el último pleno del ayuntamiento, Castelló en Moviment (CSeM) formuló un ruego a la alcaldesa, Amparo Marco, en relación a la presencia en órganos municipales de personas imputadas o condenadas por delitos relacionados con la corrupción. Tal como expresó la regidora Anna Peñalver, su presencia «podría haber causado perjuicio al interés general y a las arcas públicas, por las cuales tenemos la obligación de velar. No podemos tolerar que personas sospechosas de apropiarse privadamente de aquello que es de todos y todas continúan representando a la sociedad civil».

Para la agrupación electoral, «hacen falta medidas cautelares», por lo que cuestiona la opción del ayuntamiento de esperar las dimisiones de los propios imputados o condenados, o bien, esperar a su destitución por parte de las organizaciones a las cuales representan. Por eso rogaron a la alcaldesa Marco que «habilite los mecanismos o medidas cautelares necesarias para evitar que continúan formando parte de órganos vinculados a este ayuntamiento, algunos de los cuales tienen importantes funciones en temas como el empleo, el urbanismo o los presupuestos municipales».

Concretamente, Peñalver hizo referencia a la presencia en el Pacto Local de Empleo de Rafael Montero, secretario general de la CEC, investigado por presunto fraude en los cursos de formación que organizaba la patronal. Según Peñalver, «una sentencia de 2015 ya consideró a Montero culpable de quebrar la Sociedad de Garantías Recíprocas, el rescate de la cual ha costado, de momento, a los valencianos y valencianas, 109 millones de euros».

La regidora también puso el ejemplo del exalcalde socialista Antonio Tirado, consejero nato del Consejo Social. Peñalver recordó que Tirado «tendrá que declarar ante el juzgado que trae la instrucción del caso Gran Coral, por los indicios de su supuesta participación en delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, delitos societarios y contra la hacienda pública».

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