El gobierno del Ayuntamiento de Castelló se distancia de su socio externo de CSeM en la reforma fiscal que negocian de cara a 2017 y descarta zonificar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, aseguro ayer el concejal de Hacienda, Antoni Lorenzo. El ayuntamiento, subrayó, pretende avanzar hacia una un sistema tributario más progresivo para que se pague en función de la renta, pero indicó que dividir la ciudad para cobrar el IBI «no es posible» de acuerdo con la legislación.
El edil de Hacienda se refirió a la propuesta tributaria que negocian PSPV y Compromís con Castelló en Moviment en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que compareció como portavoz en lugar de l vicealcalde, Enric Nomdedéu, quien se encuentra en Japón de viaje oficial.
Explicó que el plazo máximo para aprobar la reforma fiscal es octubre para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2017, y señaló que los grupos que integran el Pacte del Grau apuestan «por avanzar en la justicia social y redistribución sin poner en cuestión la suficiencia fiscal del ayuntamiento», que aspira, continuó, «a modernizar la ciudad y necesita por ello «recursos».
Las negociaciones se centran especialmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles, la principal fuentes de ingresos del consistorio. Lorenzo apuntó que hay poco margen para modificarlo ya que, recordó, viene marcado por la normativa estatal, pero resaltó que «hay espacio para adelantar y trabajaremos para que la carga fiscal esté mejor repartida». «Hay márgenes para singularizar determinados ámbitos; segmentando el padrón o en bonificaciones», sostuvo. Afirmó que todavía no hay ninguna medida cerrada pero remarcó que la zonificación que plantea Castelló en Moviment es inviable. La formación asamblearia defiende tributar el IBI en función de la supuesta riqueza de cada barrio, pero en este caso se da el problema de la casuística, ya que disponer de una vivienda en determinado barrio no es siempre un indicador de renta.
El consistorio baraja modificar la bonificación de familias numerosas para que se aplique sólo en aquellos hogares con necesidades. También estudia la posibilidad de introducir algún tipo de deducción en familias con dificultades económicas y aplicar una rebaja en el coeficiente para mitigar el impacto de la la última subida del catastro-baremo por el que se calcula el recibo del IBI-.
La reforma fiscal provocó la primera fricción entre el ejecutivo y Cs en Moviment el pasado año. La agrupación municipalista votó en contra de la propuesta del PSPV y Compromís al considerarla insuficiente. A partir de ahí los tres partidos iniciaron contactos para llegar a un acuerdo.
