El Colegio de Graduados Sociales de Castelló lamentó que la implantación de la justicia sin papeles siguiera «atascada en la Comunitat Valenciana porque los problemas de tramitación de los expedientes digitales se mantienen ocho meses después de la llegada del sistema informático LexNET».
El Colegio criticó ayer las «dificultades a las que sus profesionales tienen que hacer frente cada día, porque la administración autonómica todavía no está adaptada para este cambio, detallaron ayer. Por lo que piden «soluciones urgentes para evitar que las consecuencias de este proceso digital afecten de forma grave a la ciudadanía».
Desde el colegio profesional detallaron que el 22% de los graduados sociales de Castelló se ha dado de alta en esta plataforma digital del Ministerio de Justicia, cuyo uso es obligatorio desde enero en toda España. «No obstante, la presentación electrónica de escritos jurídicos todavía no se puede realizar y la recepción de notificaciones está limitada en la Comunitat Valenciana», explicaron desde el Colegio.
«El primer balance es que la implantación de LexNET se ha realizado de forma precipitada y sin contar con las comunidades que tienen transferidas las competencias», aseguró ayer el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Castelló, Benjamín Beltrán. A lo que puntualizó que eran «los primeros interesados en que avance la digitalización de la justicia y no hay duda de que se está haciendo un gran esfuerzo desde la conselleria y por parte de los funcionarios de las administración de Justicia, pero hemos de ser conscientes de que tenemos un Porsche con tecnología de un Seiscientos», añadió.
Plataforma LexNET
LexNET es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que necesitan revisar notificaciones, escritos y demandas.
Un instrumento de trabajo que funciona en otras comunidades autónomas pero que la escasez de medios y el «desfase» de los equipos informáticos de la administración autonómica han complicado su implantación en la Comunitat Valenciana, según el Colegio de Graduados Sociales.
