El alcalde de Vila-real, José Benlloch, anunció como «una buena noticia» la resolución del Tribunal de Cuentas hecha pública ayer en la que se considera que, tras estudiar la información relacionada con las 36 facturas de gastos de representación que el Partido Popular tildó de irregulares, (apuntando la posibilidad de que el alcalde hubiera cargado a las cuentas públicas gastos particulares), no se «aprecia en ellas ninguna circunstancia que pudiera ser constitutiva de malversación», por lo que la investigación quedaría archivada.
Para Benlloch, esta conclusión del Tribunal de Cuentas deja en evidencia la postura del PP y denunció que en cuestiones de este tipo «hay muchísima responsabilidad, porque se ha gastado dinero público» en la defensa de los trabajadores municipales cuyo trabajo también se habría puesto en duda por parte de la oposición.
El alcalde, que en ningún momento ha ocultado su malestar por sentirse atacado personalmente con este tema, anunció que «valoraré reiniciar una demanda para restituir mi honor», dado que se sintió víctima de un linchamiento público que alcanzó a la esfera nacional. Tanto es así, que el alcalde apuntó directamente a la responsabilidad de Héctor Folgado, a quien calificó como «un soldado a la causa de Isabel Bonig» que, desde su punto de vista y atendiendo a la resolución del Tribunal de Cuentas «debería dimitir y marcharse, porque no sé ya qué aporta a esta ciudad».
Sin embargo, el posicionamiento del portavoz popular nada tiene que ver con el de alguien que va a desistir. De hecho, Folgado matizó la interpretación de las conclusiones afirmando que «lo único que dice el Tribunal es que no tenía por qué justificar los gastos de representación, porque las bases de ejecución del presupuesto no le obligan», aunque a su parecer «lo que hizo con esos gastos, en política y más si cabe en los tiempos que corren, no es correcto».
Folgado confirmó que se van a alegar las conclusiones porque sería «lo habitual en estos casos» y reprobó a Benlloch al recordarle que «nunca quiso justificar estos gastos cuando se lo pedimos, por eso nos obligó a llegar al Síndic de Greuges y posteriormente al Tribunal de Cuentas». En este sentido, emplazó al alcalde a «enseñar las facturas y las justificaciones para que sean los vecinos los que valoren si es ético que un ayuntamiento haga este tipo de gastos».
Para el alcalde, el PP no tendría autoridad moral para poner en tela de juicio la gestión del actual equipo de gobierno, atendiendo a las múltiples «irregularidades e ilegalidades» llevadas a cabo durante los 16 años de gobierno. De hecho, fue tajante al asegurar que «ya no son una alternativa para Vila-real».
Expropiaciones por pagar
Previamente a dar a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas, el alcalde de Vila-real informó sobre una realidad económica que más pronto o más tarde «va a lastrar los presupuestos municipales» y que volvería a estar relacionado con las consecuencias de la gestión urbanística de las anteriores legislaturas del PP.
José Benlloch aseguró que, a día de hoy, en el Jurado de Expropiaciones de la provincia de Castelló se habrían presentado hasta 18 reclamaciones de otros tantos propietarios contra el Ayuntamiento de Vila-real que exigirían al consistorio el pago de 21.491.079 euros en concepto de expropiación de sus terrenos a fin de recuperar los compromisos por aprovechamientos urbanísticos acordados en su día por los gobiernos del PP.
El alcalde recordó que en su día el ayuntamiento llevó a cabo un urbanismo «a coste 0» que en realidad consistía en comprometer aprovechamientos urbanísticos a los propietarios afectados, que solo podían materializarse en metros cuadrados en zonas de expansión urbanística o en dinero, que podrían empezar a reclamarse a partir de los 4 años de firma de esos acuerdos. El problema, según Benlloch, es que si tuvieran que materializar todos esos aprovechamientos Vila-real «tendría que crecer como una ciudad de 150.000 habitantes, esa es la mentira que no nos explican».
En este concepto, según se planteó en la auditoría urbanística encargada en 2011 por el nuevo equipo de gobierno, estarían comprometidos cerca de 80 millones de euros, más de 20 de los cuales ya estarían en litigio. El alcalde aseguró que «aquí no hay vuelta atrás, solo podemos negociar para que el ayuntamiento tenga que pagar lo mínimo posible», porque los afectados solo hacen que reclamar sus derechos.
Entre las 18 reclamaciones pendientes de definir la cantidad a pagar por la expropiación se encontrarían las de los propietarios del jardín Rei Jaume I, que reclaman 5 millones de euros; los de la avenida Francia, que piden algo más de 990.000 y los de la carretera de Onda, que esperarían cobrar unos 629.000 euros.
