Las entidades bancarias que poseen promociones de viviendas en Castelló heredadas de la época de la burbuja inmobiliaria han recurrido a la seguridad privada para evitar que los okupas y los ladrones entren en los domicilios y desmantelen el mobiliario. Las empresas del sector consultadas confirman que Castelló está considerada de «alto riesgo» y ante el temor de que se deterioren las viviendas por la sustracción del mobiliario o ante el proceso administrativo que conlleva un desahucio han preferido la contratación de agentes de seguridad. Así mismo, además de este refuerzo, muchas de las edificaciones están dotadas con «puertas antiokupas», para evitar la entrada en las viviendas.
Desde la inmobiliaria Lantia Urbana, que se ocupa de la venta de diversas promociones en la capital de La Plana, su responsable comercial, Vicente Rios, apunta que «tenemos diversas viviendas ocupadas en Castelló y en Almassora, sobre todo en determinados barrios». Rios confirma las prácticas de seguridad extendidas en el sector y asume que en las promociones que comercializa su empresa «hay seis o siete edificios con seguridad privada». Además, concreta que «un turno de seguridad privada 24 horas le cuesta a los bancos hasta 8.000 euros al mes». En este sentido, debido al elevado coste de la seguridad el gasto podría no compensarse con el precio de la vivienda, pero el responsable comercial de Lantia Urbana indica que «solo se pone un guardia de seguridad en las promociones de varios millones de euros».
757 ejecuciones hipotecarias
El Consejo General del Poder Judicial ha estado recopilando datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales desde 2007 y actualiza las series de datos cada trimestre. Según los últimos datos publicados, en la provincia de Castelló se ejecutaron en 2015 un total de 757 lanzamientos por ejecución hipotecaria, lo que supone un ligero descenso respecto 2014, en el que se ejecutaron 764 lanzamientos. En el primer trimestre de 2016 se produjeron 198 lanzamientos una cifra muy similar a los primeros tres meses de 2015.
Por lo que respecta a lanzamientos derivados del impago del alquiler, en 2015 se produjeron 414 casos, mientras que en el primer trimestre de 2016, último periodo del que se han publicado datos, fueron 116.
El Ayuntamiento de Castelló ha intentado sin éxito negociar con las entidades bancarias la cesión de viviendas para que los servicios sociales del consistorio pudieran garantizar el derecho a una vivienda digna a familias en situación de riesgo. Actualmente Castelló cuenta con ocho viviendas sociales, que han sido rehabilitadas y entregadas temporalmente a familias sin recursos.
