La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, espetó en pasado 15 de septiembre en el debate del estado de la ciudad que «todas las vallas de publicidad son ilegales». Pero la primera edil no fue más allá, ni explicó los motivos de su crítica, ni se explayó en el propio debate sobre cuál iba a ser la actuación del equipo de gobierno ante esta situación de ilegalidad.
De la rotunda afirmación de la alcaldesa se escapan tan solo cuatro grandes soportes de publicidad. El resto son todas ilegales. La ordenanza que debería regular la instalación es 2001. En una simple lectura se puede apreciar base a la ilegalidad en la que se ha estado operando casi desde su publicación.
El texto legal prohíbe expresamente las vallas de publicidad en la Ronda de Circunvalación, la calle Ferran el Católico, el Camino la Plana, la Avenida de Lledó y la Avenida Ferrandis Salvador. Cabe apuntar que en todas ellas hay vallas de publicidad.
Además de en las calles citadas, la ordenanza prohíbe la instalación de vallas en el conjunto histórico del siglo XIX y en general en casi todas las zonas "dentro" de la ciudad.
Según han manifestado a este periódico, el sector admite parcialmente las irregularidades pero apremia al ayuntamiento que actualice la ordenanza y le culpa de no regularizar una situación que se arrastra, al menos, desde 2001.
Por su parte, el actual equipo de gobierno encargó a la Policía Local un informe sobre las vallas que ha finalizado con un volumen de documentación ingente y con una conclusión: Todas son ilegales.
Este hecho molestó sobre manera a las empresas, que vieron cómo los agentes se personaron en sus instalaciones a exigir una legalidad que el consistorio les ha negado sistemáticamente.
De momento, fuentes del ayuntamiento apuntan a que se han tramitado apercibimientos a las empresas por 16 monopostes y 6 vallas ubicadas en la vía pública. En la misiva se les conmina a quitar la instalación porque no tienen amparo legal y también por motivos de seguridad.
El consistorio está trabajando desde hace algunos meses en una nueva ordenanza que actualice «la situación caótica heredada», según apuntan desde el equipo de gobierno.
En cuanto a las vallas que están ubicadas en terrenos privados y que son contrarias a la ordenanza, los trámites para su derribo son más complicados porque exigen un procedimientos administrativo amparado que se ampara en la legalidad de las notificaciones y alegaciones y se demora en el tiempo.
Además, es voluntad del equipo de gobierno actualizar la ordenanza para regularizar los espacios en los que actualmente está prohibido ubicar vallas, como por ejemplo la Ronda Este, y en los que es notoria la presencia de carteles por ser un enclave estratégico para el sector. En este punto es donde las empresas y el consistorio convergen.
A su vez, las principales empresas del sector se comprometen a quitar aquellas vallas que reconocen que están en situación irregular con el objetivo de normalizar el mercado.
No obstante, queda por resolver el destino de aquellas vallas de publicidad que están ubicadas en terrenos de titularidad pública y que corresponden al propio consistorio o incluso a organismos como la CHJ.
