El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Almassora correspondiente al mes de octubre aprobó ayer la propuesta formulada por la alcaldesa, Susanna Nicolau, para instar a la Generalitat Valenciana a dejar sin efecto el Acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Ministerio de Fomento y la Comunitat Valenciana, relativo a la regeneración del área del 167 de la Avenida José Ortiz, conocida como Grupo B, dotado con 1,7 millones de euros.
Tras descartar, por diferentes motivos, un conjunto de alternativas de uso entre los que se encontraba la construcción de una nueva casa cuartel para la Guardia Civil y la conversión del edificio en un geriátrico o centro de día para personas mayores y dependientes, se detalló que la «única opción aceptable para el Ayuntamiento de Almassora es la demolición de las actuales viviendas, que se encuentran vacías y en un estado de conservación ruinoso».
Así, el equipo de gobierno cumplirá con las peticiones expuestas, por parte de los vecinos de las zonas cercanas al edificio durante los diferentes encuentros mantenidos con los representantes municipales y los responsables de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), en las que manifestaron su postura favorable al derribo del edificio en cuestión.
En este orden de cosas, Nicolau hizo hincapié en la necesidad de que el Consell «entienda que el edificio ha sido una fuente de conflictos durante décadas en Almassora y que mantenerlo significa perpetuar el recuerdo de esa lacra». De igual forma, destacó que el estado de la estructura tanto interior como exterior es lamentable, presentando «una degradación que difícilmente podrá ser subsanable y que nos lleva a contemplar el derribo como única salida».
Así, tras la aprobación de esta propuesta, el Ayuntamiento de Almassora remitirá la misma a la Conselleria de Vivienda, junto con el informe elaborado por los técnicos municipales que determina el estado de ruina del edificio y los tres acuerdos en los que el pleno pide la demolición del mismo.
El PP no quiere ser «cómplice»
La propuesta del equipo de gobierno no contó con el apoyo del Partido Popular quienes se abstuvieron en este punto e indicaron que «queremos el derribo del 167, queremos que lo financie el Consell y queremos que la inversión se quede en Almassora. No vamos a ser cómplices de una decisión que ustedes adoptaron en solitario el 28 de octubre de 2015, firmando un acuerdo para rehabilitar el edificio sin contar con el resto de formaciones políticas y postulándose en contra de una moción que apoyaron 9 días antes, el 19 de octubre, que defendía el derribo». Luis Martínez, portavoz del grupo municipal del PP, tachó de «triste» la decisión de dos partidos, Compromís y PSPV, «que ahora buscan apoyos a la desesperada». El 19 de octubre, recordó Martínez, «presentamos una moción que reclamaba el derribo del inmueble» y el 28 de octubre, «PSPV y Compromís, firmaron un convenio para rehabilitarlo». Desde el PP, «reivindicamos la demolición, la que quieren los ciudadanos. Hoy con la misma firmeza que el 19 de octubre de 2015. Y les pedimos que trabajen, porque han perdido un año dando largas a los vecinos que desde el primer día exigían la demolición. Almassora no debe financiar el derribo de este grupo de viviendas, debe recibir la debida inversión para acondicionar la zona, y por tanto lo que deben de hacer ustedes es negociar que ese importe de 1,7 millones al que quieren renunciar, se quede en Almassora en forma de inversiones», finalizó Martínez.
