El portavoz del Partido Popular de Vila-real, Héctor Folgado, acudirá esta mañana al juzgado para prestar declaración como testigo dentro de la fase de instrucción del caso de las facturas falsas de Piaf. Con su declaración se concluirá con los primeros interrogatorios en los que han participado tanto los encausados, como un gran número de testigos, entre los que se encuentran 18 funcionarios y varios concejales populares.
Folgado ya lo avanzó hace semanas, en su declaración iba a repetir lo mismo que ya explicó en su día en la comisión de investigación abierta por el equipo de gobierno en el momento en que se detectaron las presuntas facturas falsas de Piaf, en las que facturaban servicios que no se habían prestado, según informes de los técnicos municipales, que rondarían los 600.000 ?. En septiembre, el edil popular ya dijo que «han querido que vuelvan a preguntarme lo que ya me preguntaron», acusando al alcalde de «solo querer una foto y un titular», refiriéndose a su entrada en el juzgado vinculado con un caso de presunta corrupción.
Quien no ve un mero trámite en su paso por los juzgados es el alcalde de Vila-real, José Benlloch, que el 20 de septiembre ya avanzó que tras las declaraciones «podrían verse implicadas más personas». Para fundamentar esta afirmación destacó que «para que un juez cite a 28 personas en dos meses, tiene que haber visto muchos indicios». Pero además, el alcalde recordó que si bien la ley reconoce a los acusados su derechos a mentir para no inculparse, «los testigos tienen la obligación de decir la verdad», y en este principio verían las razones por las que alguna persona más podría verse implicada, ya que tanto al decir la verdad, como al ocultarla «podría estar evidenciándose la comisión de algún delito».
Causa «compleja»
Con todo, lo cierto es que la instrucción no finalizará mañana con las dos últimas declaraciones, dado que recientemente se hizo público un auto de la Audiencia Provincial que reconocía que la de las facturas falsas de Piaf es «una causa compleja», lo que permitiría ampliar el plazo de la instrucción de 6 a 18 meses. Esta decisión se habría tomado al reconocer que el caso tiene «una complejidad intrínseca». De hecho, el auto detallaba que la denuncia «se refiere a delitos complejos en su tramitación y además se investiga a varias personas, y los hechos objeto de investigación son variados, los contratos a analizar son muchos y su volumen de estudio es ciertamente elevado».
Además, una de las novedades más recientes fue saber que, por primera vez desde que se inició el proceso, la acusación contaba con el apoyo de la Fiscalía. Todas estas cuestiones complicarían la situación procesal de los encausados aunque, desde el punto de vista de la acusación que mantiene el Ayuntamiento de Vila-real, también podría complicársela a algunos testigos, entre los que podría encontrarse el propio Héctor Folgado.
Sobre cuáles serán las conclusiones de la instrucción no se sabrá nada, previsiblemente, hasta que se cumpla el plazo de 18 meses que establece como máximo la declaración de causa compleja.
