La Comisión Europea estima que es el Ministerio de Hacienda y Administración Pública del estado español quien debe devolver las ayudas invertidas en la construcción de las desaladoras de Orpesa-Cabane y de Moncofa si finalmente no se ponen en marcha antes de marzo de 2017, debido a que es la institución que ha certificado la recepción de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La respuesta de la Comisión se produce a una pregunta de la europarlamentaria de Esquerra Unida, Marina Albiol, quien considera «una buena noticia para los vecinos de estas localidades y para la Comunidad Valenciana el hecho de que vaya a ser el Ministerio que asuma la factura, porque era el organismo que decidió invertir decenas de millones de euros de fondos públicos en estos dos proyectos fallidos sin estudiar su viabilidad».
Cinco ayuntamientos de Castelló están implicados, sin poder asumir con sus recursos la factura de las desaladoras; son Cabanes, Orpesa, Benicàssim, Moncofa y Xilxes.
Para Marina Albiol, «lo que sería más justo es que aquellos que tomaron la decisión de construir estas desaladoras asumieran la factura».
