Vila-real espera poder salvar las limitaciones en gestión económica que impone el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos desde que se aprobara la Ley de las Administraciones Públicas, por las que se exige el cumplimiento de una serie de reglas de estabilidad que, según el alcalde, José Benlloch, la ciudad podría tener controladas por completo en el primer trimestre de 2017, lo que les daría más libertad a la hora de tomar determinadas decisiones, que ahora no se autorizan.

En el último informe trimestral remitido a Hacienda desde el consistorio, se certifica que en la actualidad se cumple con tres de las cuatro reglas impuestas, que son las de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública. Benlloch aseguró que en Vila-real no se gasta más de lo que se ingresa, tampoco se ha superado el porcentaje de gasto que se permite aumentar respecto del presupuesto anterior y se ha logrado disminuir la deuda municipal «del 75%, que fue la que nos encontramos, al actual 48%».

La única regla que no se cumple, «muy a mi pesar» es la del plazo medio de pago a proveedores, que no debería superar los 30 días. Benlloch reconoció que hoy en día, algunas facturas, por diferentes circunstancias, pueden tener una antigüedad de un año». Con todo, aseguró que su propósito es normalizar esta situación en los próximos días. Como ya anunció en su momento, quedarían pendientes 1.218.000 ? de facturas de 2016 que no pudieron pagarse antes de cerrar el ejercicio. Para solucionar este problema, en el presupuesto de 2017 se hizo una reserva económica para liquidar la partida 413, que precisamente se corresponde con las deudas de años anteriores.

Periodo de pago a proveedores

El alcalde explicó que, en el momento en el que entre en vigor de forma oficial el presupuesto de este año «pagaremos». A partir de ese momento, «nuestro objetivo, si toda va bien, es lograr que en el primer trimestre podamos cumplir con el periodo de pago a los proveedores» a un máximo de 30 días. De este modo, al ayuntamiento se le abrirían toda una serie de posibilidades que ahora están limitadas por Hacienda, como sería la de «crear una empresa mixta para la gestión del agua», o la de «acogernos al Fondo Impulso, una especie de préstamos ICO para administraciones que nos permitiría pagar sentencias urbanísticas», dos ejemplos de las oportunidades que en la actualidad no están al acceso de Vila-real.

Benlloch incidió en que «el trabajo que hemos hecho nos lleva de nuevo a la senda de la estabilidad», recordando que las dificultades en la situación económica municipal empezaron a hacerse patentes a partir de 2014. La llegada de una serie de sentencias urbanísticas millonarias e inesperadas, la subida de los costes de la gestión de residuos y la bajada del IBI propuesta por el equipo de gobierno a finales de la legislatura pasada y que el alcalde sigue reconociendo que «fue un error», lastraron las cuentas municipales hasta el punto de obligar al consistorio a aprobar un plan económico financiero «que ahora está dando sus frutos», porque gracias a las medidas que se establecieron «y al esfuerzo que se ha realizado desde todas las concejalías, hemos cumplido los objetivos».

El alcalde también quiso hacer referencia a las críticas vertidas desde la oposición respecto a la adquisición del Hostal del Rei, tanto del Partido Popular, como de Ciudadanos, a quienes definió como «un apéndice del PP». A este respecto les acusó de «desleales», así como de «mentir y falsear los datos».