En esta vida sólo hay dos maneras de hacer las cosas: bien o mal. Puede ser legal pero si no es ético ni estético, usted pensará, como yo, que no está bien hecho. Es el caso del nombramiento unilateral por parte de la alcaldesa del director de la oficina de planificación y proyección económica, un cargo que nos costará a todos los castellonenses 90.000 euros (69.000 euros de sueldo más Seguridad Social) y que ha sido otorgado a un profesional (cuya valía no se pone en duda) que había renunciado previamente a ser concejal por un sueldo de 40.000 euros. Puede ser legal, pero no es ético ni estético.
Pero Ciudadanos quiere ir más allá de este caso particular y regular el tema de los sueldos desorbitados para los cargos de confianza, nombrados a dedo. Si la primera autoridad de la ciudad es la alcaldesa o alcalde y tiene la máxima responsabilidad del Ayuntamiento, es lógico pensar que ningún cargo de su confianza cobre más que ella o él.
Sin embargo, en este caso, el director de la oficina de planificación y proyección económica cobrará más que la alcaldesa y muchísimo más que los concejales, que, por cierto, tenemos sueldos suficientemente dignos. Para que puedan comparar: el presidente del Gobierno de España cobra 78.967 euros al año. Pero, como decía, no basta con criticar o mostrar nuestra reprobación. Es necesario proponer mejoras para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política. Es lo que hemos hecho con esta moción para este pleno, donde también vamos a defender a nuestros agricultores para conseguirles apoyo económico, tras los temporales de las pasadas semanas y la desastrosa campaña, especialmente para el sector citrícola.
¿Usted cree que todos los alumnos de nuestra Comunitat deben tener el mismo derecho a recibir formación en inglés? Yo también lo creo, pero el tripartito en este Ayuntamiento y en el Consell, no. Ellos ha creado un decreto donde sólo los alumnos que elijan la antigua línea en valenciano (llamada ahora 'nivel avanzado') tendrás más horas de inglés y recibirán al finalizar la titulación correspondiente. Los que elijan lo que conocemos por 'línea castellana', se quedan sin este derecho. Eso es, ni más ni menos, crear valencianos de primera y de segunda y además, y no es poca cosa, va en contra de la el artículo 9.2 de la Constitución Española que establece la obligación de los poderes públicos "a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas". También vulnera el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en donde claramente se establece que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
Pero lamentablemente, el tripartito ya nos tiene acostumbrados a saltarse la Constitución a la torera. El año pasado, Ciudadanos presentó una declaración institucional contra los ataques a nuestra Carta Magna por parte del Parlamento Catalán. Pedimos que nuestro Ayuntamiento mostrase su respaldo a la Constitución y cuál fue la sorpresa (en realidad no tanta) que el tripartito votó en contra de la Constitución. Fíjense bien: quienes juraron, prometieron o acataron por imperativo legal la Constitución para ser concejales, votaron en contra de la misma. Extraña cuanto menos en un partido que se dice llamar constitucionalista como el PSOE. Y en los últimos meses, lejos de calmarse la situación, los ataques por parte del Parlamento catalán al artículo 2 de nuestra Carta Magna (la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española) han ido en aumento.
Por eso, hemos vuelto a pedir que el Ayuntamiento de Castellón muestre públicamente su respaldo a nuestro marco constitucional y rechace la actuación de la Cámara catalana. Veremos que votan ahora. Estén pendientes el próximo jueves porque les aseguro que es al menos un espectáculo (en el sentido más triste de la palabra) sino una ilegalidad ver a quienes aseguraron que iban a defender y hacer defender la Constitución, pisotearla sin ningún tipo de remordimiento.
Pero pueden estar seguros de que Ciudadanos seguirá siendo beligerante contra quien quiera saltarse la ley, en Cataluña y en el resto de España. Porque sólo hay dos maneras de hacer las cosas: bien o mal y, sin duda, nosotros elegimos al menos la que cumple la legalidad.
