El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido 4.000 millones de euros a la red de Cercanías de Catalunya hasta 2025 mientras niega 45 millones para prolongar esta línea desde Castelló a Vinaròs y Tortosa. El Ministerio de Fomento vincula este proyecto a una colaboración económica de la Generalitat a pesar de que se trata de su competencia.
El ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, señaló en el Senado el pasado 21 de febrero que el esfuerzo económico para ampliar el servicio en Castelló es «importante» y afirmó que las peticiones similares enviadas por todas las autonomías ascienden a los 2.000 millones. Valoró la prolongación del Cercanías de Castelló a Vinaròs y Tortosa en 45 millones, una inversión que abarcaría, dijo, «el coste de la remodelación de las estaciones que habría que hacer y el parque de material móvil que sería necesario poner en marcha». Así, de la Serna se negó a asumir este proyecto en exclusiva e invitó al Consell a asumir la explotación de esta línea. «El marco legal establece la posibilidad de que aquellas comunidades autónomas que tengan interés en resolver una cuestión en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros que no haya sido declarado obligación de servicio público por la Administración General del Estado puedan formalizar un contrato con Renfe Operadora, de tal manera que asuman el déficit de explotación de dicho servicio», señaló entonces de la Serna.
En la visita que realizó a Castelló el lunes, el ministerio añadió que la declaración de servicio público finaliza el 31 de diciembre de este año e instó al Consell a buscar un acuerdo para estudiar la posibilidad de poner en marcha el Cercanías hasta Vinaròs a partir de 2018.
Este sistema de cofinanciación choca la inversión millonaria anunciada para Catalunya por Rajoy el martes. El presidente del Ejecutivo central aseguró una inversión de 4.000 millones en los Cercanías catalanes hasta 2025, de los que 1.882 se inyectarían hasta 2020. Incluso, Rajoy reseñó que revisaría «personalmente» el plan para que se ejecute de manera «viable y verificable».
El Consell se niega a costear una actuación que comprende al Estado y en respuesta ha reclamado la cesión de la autonomía del servicio valenciano de cercanías con los correspondientes fondos. El ministerio rechaza esta posibilidad, ya que comportaría un coste económico, y únicamente ofrece la posibilidad de la explotación de la ampliación de la vía entre Castelló y Vinaròs. Esta última fórmula no acarrearía gasto alguno a las arcas del Estado y solamente el Consell afrontaría la financiación de la misma.
Compromís subraya que la nueva línea podría alcanzar los 100.000 usuarios. Castelló reivindica esta infraestructura desde 1997. Gobierno y Consell firmaron un plan de cercanías en 2010 pero que luego se quedó en el tintero por las políticas de austeridad impuestas por Bruselas.
