El Ayuntamiento de Borriol se ha desvinculado definitivamente de la compra de los terrenos para la depuradora, proyecto que no llegó a ejecutarse y que terminó con la condena de ocho meses de prisión y una multa para el exvicepresidente de la Diputación de Castelló, Francisco Martínez.
Así, una vez el Tribunal Supremo ratificó la sentencia, el equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, Silverio Tena, de Compromís, llevó al pleno la revocación del proyecto de expropiación y de los convenios expropiatorios de la planta de tratamiento de aguas.
«Los técnicos dijeron que no tenía ningún sentido mantener el convenio en vigor», explicó ayer Tena. Por ello, el consistorio pidió la revocación de todos los convenios suscritos durante esta tramitación, así como la derogación del plan especial que llevó a cabo la Generalitat Valenciana.
«Quedamos desvinculados definitivamente de los terrenos», remarcó Tena. «Este tema aún no estaba resuelto, aunque hubo una condenan por ello. Hay dos informes técnicos que dicen que había que anular el convenio», dijo Francisco Pastor del PSPV.
«Habíamos pedido ya en varias ocasiones que este punto se llevara al pleno», recordó el portavoz del Partido Popular Iban Pauner, que solicitó que en la propuesta figurara el nombre de Francisco Martínez como condenado. «Hay una sentencia con nombres y apellidos», especificó Pauner.
Compromís, PSPV y PP votaron ayer a favor y Veïns se abstuvo. «Reclamamos un informe del secretario que nos diga que lo que vamos a hacer es correcto», justificó Jordi Carballeira, de Veïns.
La Diputación de Castelló desestimó el proyecto de construcción de la nueva depuradora y apostó por unir la estación actual con la de Castelló a través de un colector. La administración provincial está pendiente de recibir los convenios de los consistorios implicados en el proyecto para sacar las obras a licitación, que fueron presupuestadas en 2,6 millones de euros.
Alegaciones al PGOU
Lo que no salió adelante fue la resolución de las más de cuarenta alegaciones presentadas al nuevo PGOU. PP y Veïns, que suman mayoría desde la oposición, votaron en contra al considerar que este asunto no se había debatido suficiente. «En el 99% estamos de acuerdo, pero hay tres cosas que queremos cambiar», dijo el popular Iban Pauner. «Hay vecinos que tienen razón en sus alegaciones. Hay que estudiarlo más», señaló Jordi Carballeira.
El alcalde, Silverio Tena, criticó que «hasta que no se resuelvan las alegaciones no podemos avanzar. Nos acusan de no querer resolver el PGOU, pero son ellos quienes lo paralizan". Para Tena, la oposición busca "retrasar por retrasar». El primer edil añadió, además, que este asunto «se ha trabajado en las distintas comisiones». «Tenemos que avanzar en la tramitación. Quieren hacer más reuniones, pero deberían ser en positivo», remarcó el socialista Francisco Pastor.
