La asamblea ciudadana abierta de Castelló era ayer el escenario ideal para hablar de estos dos años de gobierno de PSPV y Compromís o un peligroso foro en el que recibir críticas a discreción de los ciudadanos. Finalmente acabó siendo un plácido encuentro entre los gestores municipales y los cerca de cien vecinos presentes en el Teatre del Raval, además de una sucesión de compromisos y proyectos de futuro para culminar el mandato «del cambio».

Los 11 concejales del equipo de gobierno, encabezados por la alcaldesa, Amparo Marco, se subieron a las tablas para rendir cuentas y contestar a las preguntas ciudadanas, algunas de ellas realizadas vía correo electrónico y otras de manera presencial. El urbanismo y los temas sociales fueron los aspectos que más captaron la atención y abrieron la puerta a conocer proyectos de futuro del consistorio y a las expectativas de cara al año que viene.

Uno de los anuncios destacados fue la confirmación, por parte de la alcaldesa, de que para 2018 habrá una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No se trata de una previsión, sino de una realidad tras las reuniones mantenidas hace unas semanas con la gerente territorial del Catastro, Mercedes Marco. «Hemos logrado que el IBI baje en 2018», sentenció Amparo Marco, al haber conseguido que se reduzca la base catastral -que es competencia estatal- y seguir manteniendo la rebaja de los porcentajes que se aplican por parte del consistorio.

De hecho, la presión fiscal fue ayer uno de los motivos de preocupación de los ciudadanos, como así reflejó otra pregunta en la que se echó en cara al consistorio que se siga sin cobrar el IBI a la Iglesia. En este punto, la propia Amparo Marco desveló que, nada más asumir las riendas del gobierno municipal, «vimos cómo podía hacerse para que la Iglesia pagase el IBI, pero nos encontramos con la falta de amparo legal para hacerlo». Por ello, insistió en que el ayuntamiento «tiene las manos atadas» y señaló que la única posibilidad es que «haya un cambio en las leyes estatales» que eliminen este privilegio de la Iglesia.

La vivienda y los desahucios también fueron protagonistas, en especial por la presencia en las butacas del Raval de los miembros de la Plataforma Stop Desahucios, desde donde se avanzó que el próximo 8 de junio se quedará en la calle una familia de seis personas. En este caso fue la vicealcaldesa, Ali Brancal, la que relató el «esfuerzo» que está realizando el ejecutivo local para dar soluciones a los ciudadanos con problemas de vivienda, no solo los que son desahuciados, sino los que no pueden asumir alquileres o facturas. Brancal se sinceró al señalar que «no tenemos la fuerza para frenar un desahucio, pero sí podemos intentar ganar tiempo para ver cómo ayudar y paliar el problema».

La vicealcaldesa defendió la puesta en marcha de la oficina de vivienda, reconociendo no obstante la falta de personal que tienen para llegar a todo.

En temas de accesibilidad, el presidente de Cocemfe, Carlos Laguna, le pidió al ayuntamiento que con la anunciada reforma del edificio de Borrull no se cometan, a su juicio, los mismos errores de accesibilidad que hay en el Menador de la plaza Huerto Sogueros. En este sentido, el concejal responsable del área urbanística, Rafa Simó, recogió el guante y le pidió a Laguna que Cocemfe participe en la redacción del proyecto para que el de Borrull sea un «referente de accesibilidad».