La Conselleria de Justicia ha adjudicado a la empresa Gimecons Construcciones y Contratas SL las obras de adecuación de la Ciudad de la Justicia de Castelló para disponer de un espacio físico que albergue el Juzgado de lo Penal número 5 con el objetivo de agilizar los juicios y llevar a cabo las ejecuciones de sentencias.
De esta manera, cuando el Ministerio de Justicia apruebe la creación de dicho juzgado, «su puesta en funcionamiento será inmediata», según informaron ayer fuentes del Consell. El Gobierno central es el competente a la hora de autorizar la apertura de juzgados. No obstante, desde el Ministerio de Justicia todavía no se ha procedido a dar dicha autorización y, según informaron, «todavía se están analizando la creación de órganos judiciales en todo el país». «Hemos mantenido multitud de contactos con las Comunidades Autónomas para ver cuáles son las necesidades de cada una de ellas y ver cuáles son prioritarias», añaden. Asimismo, señalaron que todavía no hay un proyecto de real decreto y que se está consultando con el Ministerio de Hacienda la disponibilidad presupuestaria.
El coste de las obras corre a cargo de la Conselleria de Justicia (que es quien tiene la competencia en la dotación de infraestructuras judiciales) y el importe total con IVA es de 71.865,29 euros, tal como recoge el anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de ayer. Está previsto que el inicio de estas obras se inicie entre los meses de julio y septiembre y consistirán en la reubicación del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 y despachos sindicales y la creación del Juzgado de lo Penal número 5.
Según el último informe elaborado por el decano de los juzgados de Castelló, José Luis Conde-Pumpido, la situación de los juzgados del partido judicial de Castelló es «sustancialmente idéntica a la que existía hace un año». Así, apunta que existe una sobrecarga de trabajo en los Juzgados de lo Contencioso-administrativo que supera «ampliamente» el módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que se solicita crear un tercer juzgado o adoptar una medida de refuerzo.
Los Juzgados de Primera Instancia también superan el módulo de entrada de asuntos «desde hace años» y, además de la insuficiencia de funcionarios, debería crearse «un o dos» juzgados nuevos. Asimismo, Conde Pumpido señala la necesidad de mantener el refuerzo del Juzgado de Vigilancia Penitenciara, del Juzgado de lo Mercantil, de los Juzgados de lo Penal y de los Juzgados de lo Social. Por último, reseña la falta de funcionarios en el Juzgado de Primera Instancia número 5 y el Juzgado de Menores.
La consellera de Justicia Gabriela Bravo recuerda que en 2010 mediante un Real Decreto, se acordó la creación y constitución de quince órganos judiciales que fueron dotados económicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, en junio de 2011, «en una decisión sin precedentes», el Consell de la Generalitat «renunció a ponerlos en funcionamiento».
