? Josep Barberá, presidente de ERPV, aseguró que la Ley Montoro «acaba yendo en contra de los derechos de la ciudadanía a tener unos servicios públicos en condiciones». Asimismo, Barberá afirmó que «la imposibilidad de contratar personal atrasa trámites y la prestación de servicios hasta límites extenuantes. No puede ser que sigamos siendo una de las comunidades autónomas con menos tasa de funcionarios por habitante».
