El debate sobre el futuro de la Piscina Provincial está a punto de instalarse en el Ayuntamiento de Castelló. Aunque la diputación ha anunciado la rescisión del contrato con la concesionaria para asumir directamente el control, evitando con ello el cierre, las dudas en relación a la viabilidad económica no han terminado de disiparse. Es más, algunas voces apuntan a una municipalización de la instalación deportiva como solución para garantizar la eficacia en la gestión.

La idea, valorada meses atrás en las filas de Compromís, ya la lanzó el diputado de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, en el último pleno provincial. Se trataría de incorporar la piscina en la estructura del Patronat Municipal d'Esports, lo que redundaría en la calidad del servicio, ampliando incluso la oferta de actividades.

Sin embargo, para que el consistorio valore dicha posibilidad debería primero abrirse una negociación. «La diputación, que yo sepa como portavoz del Gobierno, no se ha puesto en contacto con la alcaldesa y con el concejal de Deportes para pedirnos el favor de gestionar unas instalaciones que ellos no han tenido la fortuna de que una empresa se la lleve demasiado bien», puntualiza la portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz

«Evidentemente, como ayuntamiento, queremos que las instalaciones funcionen bien y tengan un buen servicio público. Si ellos estiman que no saben hacerlo, nosotros lógicamente deseamos una buena gestión, pero primero las dos instituciones deberán conversar. Si hace falta que nos sentemos, alguien tendrá que dar el paso y corresponderá hacerlo a la que lleva el servicio (en referencia a la diputación)», añade Ruiz.

En cualquier caso, el hecho de contemplar una hipotética negociación no pone de manifiesto la predisposición del Ayuntamiento de Castelló. Como aclara la representante de la Junta de Gobierno Local, «primero habría que informarse, ver los términos y las condiciones».

Aiguagest, adjudicataria de la explotación de la Piscina Provincial hasta 2023, pretende solicitar el concurso voluntario de acreedores el próximo lunes al encontrarse en situación de insolvencia. Además, ha propuesto a los 40 trabajadores un despido colectivo, planteamiento que los afectados han rechazado.