La Diputación de Castelló inició ayer el proceso para reabrir la piscina provincial a partir del mes de septiembre tras cesar su actividad la anterior concesionaria, que alegó un desequilibrio económico de 700 euros. Primero pretende impulsar este año un sistema de gestión mixta por que el asumirá el mantenimiento y cederá el programa de actividades a una firma puente, y después abrirá otra licitación para externalizar la gestión en 2018. La institución provincial se compromete ahora a subrogar a los 36 trabajadores.

Moliner realizó este anuncio durante el pleno extraordinario convocado para finiquitar el antiguo contrato y aprobar la modificación de crédito necesaria- 369.000 euros- para costear la piscina provincial de septiembre a enero. A la sesión asistieron representantes de la plantilla, que mostraron su satisfacción por el cambio de criterio de la diputación.

No obstante, el acuerdo del pleno de ayer no acaba con las dudas que se ciernen sobre el futuro de la piscina por el enfrentamiento entre la diputación y la empresa. Fuentes provinciales admitieron que la exconcesionaria ha alegado contra la rescisión del contrato, lo que comporta que el expediente de ayer tenga que ser ratificado por el Consell Jurídic Consultiu. Un dictamen contrario impediría la reapertura en septiembre, aunque desde la diputación destacaron que esta entidad consultiva del Consell se reunirá la semana que viene para abordar el asunto de la piscina y confiaron en su visto bueno. Asimismo, la diputación todavía carece de las llaves para acceder a la instalación y está a la espera de una orden judicial para ello.

El diputado de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, sostuvo que la previsión económica de la diputación confirma un déficit de 118.00 euros en la piscina en los últimos cuatro mese del año y advirtió que un recurso judicial de la exadjudicataria podría conllevar el pago de indemnizaciones. La institución provincial ha previsto unos ingresos de 220.000 euros en base a unos 1.400 abonados.

Gestión pública

PSPV, Compromís y CseM cuestionaron el modelo de concesión privada y defendieron otros sistemas con participación pública. El diputado Antoni Lorenzo consideró excesivo el abono de 50 euros al mes por usuario en una instalación pública. Vallejo subrayó que Carlos Fabra adjudicó la piscina en 2003 a una empresa donde operaba su entrenador, mientras Xavi Trenco, de Compromís, afirmó que no tiene sentido que todos los pueblos costeen una piscina que solo atiende la capital.