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La CEC se encuentra en concurso de acreedores y espera la resolución del juzgado de lo mercantil sobre el plan de viabilidad que ha presentado. La deuda asciende a los 2 millones de euros, correspondiendo la mayor parte a planes formativos cuyas ayudas se retuvieron por posibles irregularidades. La patronal también mantiene impagos con Hacienda y Seguridad Social, y esta circunstancia impide el cobro de ayudas públicas.
La CEC ha previsto en su plan de pagos el abono el primer año de los retrasos en salarios en extrabajadores y en Hacienda y Seguridad Social. Ambos conceptos suman 71.000 euros. Pero primero ha de recibir el visto bueno del jugado de lo mercantil y luego tendrá doce meses para devolver esta cantidad, con lo que se antoja difícil que pueda optar a las subvenciones que la Conselleria de Economía que presupuestará en participación institucional en 2018.
Además, la CEC sigue sin integrarse en la nueva patronal autonómica (CEV) que ha surgido en lugar de la antigua Cierval. Su pretensión es incorporarse pero conservando las condiciones actuales, es decir, su autonomía, pero la CEV se niega a ello y apuesta por una estructura donde las organizaciones sectoriales cobran el protagonismo en detrimento de las provinciales.
La castellonense CEC ha hecho frente común con la provincial de Alicante (Coepa) para conseguir que la CEV el modelo que promueve, que ya ha empezado a trabajar.
Esta división también genera dudas sobre el cobro de las ayudas públicas, aunque fuentes de la patronal subrayan que la organización podría acudir a la convocatoria del Consell aunque no está ligada a la regional.
La Generalitat ha reestructurado el formato de ayudas destinadas a los agentes económicos y sociales para incluir a las organizaciones minoritarias. Reduce de 52 millones a 2,4 los fondos en las principales patronales y sindicatos. La reforma beneficia al mejorar la financiación correspondiente al número de delegados.
