Que algo falla en los protocolos de actuación ante un caso de violencia de género es evidente. Así se manifestó ayer en el XIII Seminario Estatal contra la Violencia de Género organizado por la fundación Isonomía de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló donde se apuntó que el actual protocolo a través del cual se coordinan las diferentes instituciones presenta «aristas». El documento en cuestión se aprobó en el año 2014 y hace aguas, sobre todo, en las derivaciones entre instituciones, según manifestaron algunas de las expertas participantes.

En esta mejora de coordinación entraría en juego el área sanitaria (centros de salud, hospitales, centros de especializadas), el área jurídica (juzgados, principalmente), el área de seguridad (Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil) y recursos municipales, entre otros. Toda una amalgama nada fácil de conciliar y que, según apuntaron en la mesa redonda, su coordinación es de vital importancia.

En la mesa redonda sobre estrategias y acciones colaborativas para la prevención y atención de la violencia de género se contó con la presencia de la jefa de servicio de Educación de la dirección territorial de la Conselleria de Educación, María José Palmer, la jefa del negociado de Igualdad del Ayuntamiento de Castelló, Reyes Santamaría, y la directora territorial de Sanidad, Azucena Martí, y todas ellas coincidieron en la necesidad de hablar «un mismo idioma» en todas las administraciones. Santamaría fue una de las más contundentes al afirmar que la actual estrategia colaborativa «no es eficaz». «Atendemos a muchas mujeres con violencia de género que no quieren formar parte del sistema de protección, principalmente, por miedo, que anulan la capacidad de decisión. En estos casos nos encontramos con la lamentable situación de que estamos recursos para estas mujeres o, mejor dicho, los únicos recursos con los que contamos son nuestras propias figuras profesionales: la trabajadora social, psicóloga y asesoría jurídica, ningún otro. La policía no está a nuestra disposición, está si formas parte del sistema de protección y las ayudas económicas están pero tampoco las gestionamos nosotros», explicó Santamaría quien añadió que el sistema «no se puede permitir el lujo» de «ignorar» está información.

Por ello, la psicóloga reivindicó la creación de un espacio de trabajo común no jerarquizado, sino horizontal, donde cada recurso tiene la misma relevancia porque «aún no sabemos que es lo que protege a una mujer». «Podemos pensar que es la protección física pero yo no lo creo así. En mi opinión, la mejor protección es la ponderación de la mujer y eso se trabaja profesionalmente y con tiempo», añadió.

La profesora María José Palmer, en la vertiente de la educación, señaló la importancia de la educación en emociones, tanto en los centros educativos como en el ámbito familiar, además de que también reivindicó la ponderación de la mujer en los procesos de separación de su agresor.

Por último, la directora territorial de Sanidad, Azucena Martí, hizo hincapié en la formación de los profesionales que atienden a las mujeres para que dicha atención se base en la comprensión y el acompañamiento. «A veces, las mujeres van a informar que están sufriendo malos tratos y las personas que las atiende parece que las culpabiliza», explicó. «Estamos muy lejos de que lo solucionemos pero con sensibilidad y formación se puede conseguir», concluyó.