Un constructor procesado por estafar casi un millón de euros a 27 compradores con una falsa promoción de lujosos chalés adosados en Borriana, entre los años 2005 y 2006, reconoció ayer ante el tribunal, la sección 2ª de la Audiencia de Castelló, el monto de la estafa aunque precisó que su «intención no fue la de engañar a nadie». No obstante, el falaz promotor no contaba ni tan siquiera con la propiedad del suelo donde supuestamente iba a levantar la promoción inmobiliaria que ofertaba.

El acusado, Manuel Segarra, se definió como un «albañil de toda la vida» que se adentró en el negocio de la promoción inmobiliaria «porque vi que todo el mundo ganaba mucho dinero en esa época, en plena burbuja inmobiliaria». Sin embargo, admitió su bisoñez en este ese campo: «Yo era un novatillo», dijo, al tiempo que llegó a responsabilizar de la estafa a los propios clientes por no «informarse bien» de quién era y sus posibilidades reales de ejecutar la promoción inmobiliaria antes de firmar los contratos.

El procesado también insistió en que «nunca» dijo a los compradores que era el titular del terreno donde se iban a construir los chalés y que tampoco firmó con ellos contratos de compraventa, «sino promesas de contratos de compraventa», puntualizó. Manuel Segarra, con antecedentes penales por conducir bajo los efectos del alcohol, se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel por un delito continuado de estafa. El ministerio público también ha fijado una indemnización de 830.000 euros para las víctimas de la estafa. En este apartado, la fiscalía, igualmente, ha declarado responsables civiles subsidiarias a dos agencias inmobiliarias de la localidad, que actuaron como intermediarias en la venta de, al menos, seis viviendas de la promoción del falso promotor.

En su escrito de calificación inicial, el acusador público mantiene que el promotor constituyó en 2005 una mercantil cuyo objeto social era la promoción inmobiliaria. «El acusado, actuando con el propósito inmediato de enriquecerse y fingiendo ser propietario de la parcela sita en Borriana, terreno que nunca adquirió siquiera por contrato privado y sobre el que no tenía derecho dominical alguno, diseñó y elaboró o encargó el diseño o elaboración de panfletos publicitarios, planos y memorias de calidades para hacer creer falsamente a cualquiera que pudiera estar interesado que iba a construir varios chalés en la referida parcela, siendo consciente de que esto no era así», reseña el fiscal. «De esta manera el acusado recibió cantidades de dinero de personas interesadas en adquirir los falsos chalés, cantidades que fueron entregadas en la creencias de estar comprando los inmuebles que se les ofertaban. En algunas de estas ventas intervinieron A. F. M. y D. S. B [responsables de dos inmobiliarias de Borriana] como intermediarias, siendo que no se preocuparon de averiguar la solvencia del acusado ni realizaron indagación alguna de la titularidad de la finca en la que el mismo ofrecía los adosados», añade en su escrito el ministerio público.

El fiscal sostiene, que el falso promotor formalizó 27 operación de compra-venta fraudulenta y que el dinero que consiguió lo «incorporó a su propio patrimonio destinándolo íntegramente a fines privados», y no a la compra del solar donde prometía que iba a edificar los adosados.

El acusado insistió en su declaración en que no «actuó» de mala fe y en su voluntad de devolver las cantidades, «pero todo se vino abajo cuando fui detenido», precisó. En una declaración marcada por las contradicciones, el procesado no llegó a aclarar cómo iba hacerse con la titularidad del solar ni cuál fue el destino final de la suma conseguida con las ventas de la promoción fantasma.

Manuel Segarra fue arrestado por estos hechos el 1 de mayo de 2007 y ha estado en prisión provisional hasta el 25 de agosto de 2008.

Las responsables de las agencias inmobiliarias, procesadas como responsables civiles subsidiarias, declararon que su labor se limitó a hacer de intermediación entre los potenciales clientes y la oferta del promotor, por lo que cobraron una comisión de 3.000 euros por venta. Ambas coincidieron en reconocer que no investigaron nada acerca de la oferta del promotor, en especial si tenía o no en propiedad el solar, y que tampoco asistieron a la firma de ninguno de los contratos de compraventa. Dos de los compradores estafados declararon que el promotor nunca les dijo que no tenía la propiedad del suelo y que el contrato que firmaron y la señal que entregaron fue para un chalé adosado.