Dos falsos médicos homeópatas se enfrenta a 13 años y seis meses de cárcel por los delitos de intrusismo y estafa, contra la salud pública y lesiones a los pacientes que acudieron a la consulta que instalaron en Vinaròs en 2006, en colaboración con otras dos personas, también procesadas por estos hechos.
Los dos principales acusados, según la calificación del fiscal, carecían de titulación oficial, y pese a ello trataron a 22 personas, que ahora le reclaman una indemnización global de 85.000 euros. A esta cifra se suman otros 132.000 euros en concepto de daño moral, a razón de 6.000 euros para cada uno de 22 los afectados que se han personado en la causa.
La vista oral por estos hechos comenzará el próximo martes en la sección 1ª de la Audiencia Castelló. El fiscal, en su escrito inicial de calificación, considera que lo hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, de intrusismo, contra la salud pública, siete delitos de lesiones y cinco faltas de lesiones.
El ministerio público sostiene el acusado F. J. G. A, puso en funcionamiento una consulta en Vinaròs, al menos desde el año 2006, colocando una placa situada en la puerta de entrada de la consulta, «a pesar de carecer el acusado de la titulación necesaria para ejercer funciones de médico homeópata».
Este falso homeópata contactó con otro acusado, J. M. L.P, que igualmente carecía de cualquier título homologado para ejercer la medicina. «A pesar de ello, el acusado F. J. G. A., presentaba a J. M. L, P. , como un inminente neurólogo, especialista en implantes capilares, traumatología y de todas aquellas especialidades que pudieran necesitar los pacientes de la clínica», relata el fiscal. Este procesado exhibía «varios títulos pra hacer creer a los usuarios que sí podía ejercer la medicina en España, practicando actos propios de un médico titulado, recetando asimismo medicamentos como antibióticos o paracetamol, entre otros muchos», precisa el fiscal.
El falso especialista en homeopatía había constituido un año antes una sociedad participada al 50% por E. E, también procesada. Esta mujer sí podía ejercer legalmente la medicina en España, «pero tenía pleno conocimiento de la ausencia de titulación de su socio, siendo su función la de dar cobertura legal ante las diversas autorizaciones administrativas que solicitó el acusado para la apetura del centro», puntualiza el fiscal. «Constando como médico responsable del centro y asimismo, en el plan urdido por los acusados, cubrir el resto de actuaciones ilícitas», añade.
Esta procesada se enfrenta a ocho años de cárcel por un delito de estafa y 5 meses por intrusismo.
Una tercera persona acusada es M. J. A.A., esposa del principal encartado, para quien el fiscal solicita 8 años y 5 meses de prisión por los delitos de estafa e intrusismo. Según la acusación pública, esta mujer también era conocedora de que su marido no contaba con la titulación requerida para ejercer esa profesión, pero aún así ejercía en la clínica funciones de recepción, «determinando ella misma el coste de los tratamientos que se iban a realizar en la clínica» e, incluso, intervenía en las decisiones médicas que se adoptaban, «dando apariencia, frente a terceros, de la condición de médico de su marido».
El fiscal sostiene que los dos principales acusados en este proceso judicial inyectaron a diversos clientes de la clínica un producto desconocido, del que se ignora su preparación, «poniendo en peligro su integridad».
