El «limbo de la dependencia» ha sido, y parece que sigue siendo, uno de los mayores desafíos de las administraciones. Esta semana, Levante-EMV publicaba una sentencia en la que un juez reconoce la ayuda a la dependencia a una mujer que murió sin resolución. Desgraciadamente, en esta situación debe haber decenas de personas, aunque desde la conselleria no saben decir la cifra.
Un caso sería el de Humildad Aicart, una vecina de Figueroles, de 62 años y que ha visto fallecer a su padre sin haber recibido íntegramente la ayuda a la dependencia que le fue aprobada. Según explica, se le aprobó una ayuda de 354,48 euros al mes en 2010 y no fue hasta 2016 cuando empezó a cobrar, y solo 20 euros. «Cuando vi la carta que decía que nos iban a pagar 20 euros empecé a poner reclamaciones. No sé la cantidad de reclamaciones que he puesto. Entre cinco o seis. Y ahora he reclamado que nos paguen todo lo que nos aprobaron, aunque mi padre ya haya fallecido», relata Humildad.
Su padre tenía las facultades mentales en perfecto estado pero no tenía movilidad. Iba en silla de ruedas y necesitaba que le hicieran todo: darle de comer, vestirlo, bañarlo,... Es por ello que decidieron pedir esta ayuda. «En una de las reclamaciones me dijeron que le llevara a la residencia y que así seguro que cobraba. Les dije que mi padre no iba a ir a ninguna residencia y que sería reclamando la ayuda», añade. Humildad se muestra muy crítica con la gestión de las ayudas a la dependencia y asegura que «hay dinero para todos menos para la gente de a pie». Pese a todo, asegura que no se rendirá y que si la administración no responde, no descarta ir a los juzgados. «Algo tendremos que hacer», dice.
