El pleno de Borriana votó ayer en una sesión extraordinaria a favor del desbloqueo de la situación del PAI Sant Gregori, que durante los últimos años ha llevado de cabeza a inversores, gobierno municipal y propietarios, los cuales estallaron en aplausos tras la votación.

En el mes de enero de 2018 un nuevo inversor compró la deuda de la Urbanizadora Golf Sant Gregori con los bancos para relanzar el proyecto. Con la votación de ayer, el Ayuntamiento de Borriana confirma que deja en suspenso la resolución de los recursos de la empresa sobre la rescisión a la empresa promotora de su condición de agente urbanizador. La promotora había recurrido esta decisión municipal y ahora el consistorio paraliza la tramitación para relanzar el proyecto, parado tras más de una década.

De esta manera, a partir de este momento que se van a iniciar conversaciones entre el consistorio y la promotora 'Golf Sant Gregori' para intentar llegar a un acuerdo y restituir dicha condición de urbanizadora a la empresa. Un expediente que inició el Ayuntamiento de Borriana en 2016 y que se mantenía «dormid0» en el plano administrativo ya que el consistorio no resolvía el último recurso de la promotora, una decisión que hubiera puesto fin a su condición y que daba pie a litigios sobre los derechos adquiridos.

El edil de urbanismo, Bruno Arnandis, explicó que las negociaciones son «la mejor solución para los intereses de Borriana» ya que «si hubiésemos continuado con la resolución podría ser lesivo para los intereses de los propietarios y de Borriana».

Además, Arnandis manifestó que durante estos dos años se han buscado inversores para el proyecto, pero no ha sido hasta ahora cuando manera oficial uno de los inversores realizó «movimientos importantes» en vistas a dar un paso adelante con el proyecto.

Así mismo, la alcaldesa, Maria Josep Safont, declaró que «a partir del momento en que dispondremos de toda la documentación aportada por la empresa interesada en el desarrollo de la unidad, podremos comenzar a solucionar todos los problemas derivados», en referencia a las cuatro causas pendientes o la construcción de una comisión de trabajo.

Por su parte, desde la oposición, y pese a que la mayoría de partidos se mostró favorable a la revitalización del expediente, los grupos criticaron las formas y los tiempos en las tomas de decisión, acusaron al equipo de gobierno de desinformación y pidieron los ediles del Acord per Borriana que les tengan en cuenta para llevar a cabo las negociaciones que, según Mariola Aguilera (CIBUR) deberían concluir con el inicio de las obras «antes de diciembre de 2019».