La necesidad de un nuevo convenio que regule el uso del estadio municipal Castalia por parte del CD Castellón se ha convertido en una de las aristas políticas de la primavera. La semana arrancó con una reunión entre el ayuntamiento y los representantes del club, con posturas alejadas entre ambos, sobre todo por la petición de un cánon anual de 100.000 euros. Ayer, Partido Popular, Ciudadanos y Castelló en Moviment, los tres grupos de la oposición, aprovecharon lo impopular de la medida -las redes sociales criticaron abiertamente a la alcaldesa- y alcanzaron un acuerdo antinatura para hacer conjunta la moción que impulse la redacción del convenio y las reformas, y la creación de una mesa de diálogo donde estén presentes todos los grupos, la directiva y los técnicos municipales.
Castalia, de titularidad municipal, se construyó en 1987. Desde hace meses, el ayuntamiento maneja un informe técnico que desgrana las actuales carencias del estadio, tanto en sus estructuras como en el mantenimiento, e insta a actuar tanto para cumplir los requisitos legales como para garantizar la seguridad. «Por culpa de la dejadez de anteriores dirigentes, Castalia ha llegado a unas condiciones que no se pueden repetir», apunta Rafa Simó, portavoz del PSPV. «Nosotros trasladamos al club una primera propuesta de convenio sobre la que empezar a trabajar, y ellos se comprometieron a darnos una respuesta en diez o quince días», explica.
El objetivo del ayuntamiento es múltiple. «Garantizar la seguridad», dice Simó, « y cuidar el patrimonio de todos los castellonenses, y que esto sea compatible con la viabilidad del club». Simó subraya que buscan «garantías» para que «no vuelva a pasar lo que pasó con el anterior presidente», David Cruz. «Lo que queremos es poner un poco de orden», apunta, y realiza cierta autocrítica, «quizá debimos tener lista antes la primera propuesta».
El concejal de Deportes, Enric Porcar, de Compromís, coincide en la «necesidad» de firmar un nuevo convenio en el que «las dos partes», club y ayuntamiento, estén «cómodas». «La primera reunión fue muy positiva en el sentido de sentarse y ponernos todos a hablar, y a partir de ahí avanzar». Porcar incide en «garantizar la seguridad y el mantenimiento adecuado, y también mejorar y reformar». Porcar destaca el cambio de propietarios del club («Lo están haciendo muy bien») y se muestra abierto a introducir en el convenio algún mecanismo de control que permita vigilar al consejo, tras la experiencia vivida en años anteriores. «Debería estar reflejado en alguna cláusula, puesto que lo había hasta ahora no ha terminado de funcionar».
La oposición
Entre los grupos de la oposición, Iñaki Vallejo, de Castelló en Moviment, reconoce que «igual llegamos tarde, pero queremos que el ayuntamiento se ponga las pilas y dé un paso adelante». Vallejo propone el intervencionismo municipal y que, «a cambio» del uso y la reforma que necesita Castalia, el consistorio consiga que la propiedad continúe en manos castellonenses. Cabe recordar que la próxima semana se aprobará una ampliación de capital que dejará al grupo liderado por el madrileño José Miguel Garrido como máximo accionista.
Vallejo «entiende» que los actuales dirigentes «buscarán» esta solución «al no tener el apoyo de las grandes empresas locales», pero propone «hacerlo de otra manera» y consiguiendo igualmente solventar la deuda con Hacienda. «Si hay unanimidad política se puede hacer», afirma, «abriendo la ampliación de capital a los aficionados, que tengan por lo menos la oportunidad». Vallejo cuestiona la cifra del cánon propuesto de manera inicial: «Lo de los cien mil euros anuales no sabemos de dónde sale ni cómo se ha evaluado. Presentamos la moción para que estas cosas se unifiquen y se tramiten de forma unánime y no unilateral».
También pide consenso, mediante un comunicado, Begoña Carrasco, del Partido Popular. «El acuerdo al que hemos llegado con Ciudadanos y Castelló en Moviment propone la creación de una mesa de diálogo donde estén representados todos los grupos políticos, la directiva del club y los técnicos municipales, porque no queremos que se utilice el Castellón para hacer campaña», apunta. «Queremos que se acerquen posturas y se conozcan las necesidades para acometer una actuación de mejora de las instalaciones que velen por la seguridad de todos los aficionados».
Carrasco recuerda que Amparo Marco, la alcadesa socialista, «ha estado más de nueve meses sin reunirse con el CD Castellón», obviando arteramente la decisiva participación, por acción u omisión, de su partido en la actual herencia. Después añade que la relación entre las partes «debe ser entendida en clave de ciudad, independientemente de los colores políticos. Ningún partido debería aprovecharse para hacer un uso partidista».
El portavoz de Ciudadanos, Manuel Paduraru, se refirió al tema en términos similares y escasa concrección: «Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para garantizar la transparencia y consenso en un proceso que incumbe al Castalia y CD Castellón, patrimonio de la ciudad y no de ningún partido político. Las decisiones no pueden tomarse de manera unilateral. El club, los aficionados, los ciudadanos y las instituciones merecen seriedad y diálogo para llegar a resultados estables». El tema puede convertirse en el centro del debate político en el pleno municipal de esta tarde.
