01 de mayo de 2018
01.05.2018
Opinión

Eructos y sentencias

01.05.2018 | 19:35

Desde lo inmemorial, puede que solo desde el Neolítico, desde que la desigualdad de los intelectos y de las personalidades hicieron del sapiens, carne de conflicto, la Justicia ha tratado de regular los desequilibrios sociales, exterminando, apartando o sancionando a los perturbadores de la convivencia para que predomine lo apacible.

Pero el propio peso de la historia y la ambición de quienes la diseñan se han ocupado de prostituir lo que se plantea como una hipótesis teórica. Cada civilización se ha hecho acompañar, para su pervivencia, de su propia Justicia, manipulada, domesticada, connivente con el poder ejecutivo para la conservación de quienes la sostienen. De los sucesivos adiestramientos sufridos por la Justicia a lo largo de imperios y épocas, emerge ese escepticismo del pueblo hacia una institución a la que encumbra y magnifica, micrófonos afuera, la clase política dirigente en cada momento, y aun así entre disensiones.

En estos tiempos españoles, tan revueltos como los que más, fuera de los periodos de guerras y posguerras, se nos trata, desde las esferas inaccesibles donde nacen los hilos que nos mueven, de inculcar demasiadas ideas acerca del virtuosismo no ya de la Justica como ente administrativo, descompuesto por la lentitud procedimental, por la precariedad de la plantilla y por el neandertalismo de un funcionamiento obsoleto, casi ológrafo, sino de los propios jueces y fiscales, tenidos como santones de los códigos penales y civiles, incuestionables en sus decisiones y tan infalibles sus sentencias como las encíclicas del propio Papa.

Conviene no olvidar que el cerebro de los magistrados contiene parecidos índices neuronales que un cerebro tipo de ciudadano común y que no están exentos de turbiedades emocionales, personales, ideológicas y morales que propician un escoraje insoslayable a la hora de pronunciarse, a pesar de cualquier variante de la asepsia con la que pretendan envolverse.

La sentencia, popularmente conocida como de La Manada, ha puesto de manifiesto tanto la rigidez de la Justicia, su potencial falibilidad, la capacidad de los jueces para entender un mismo hecho desde perspectivas antagónicas traducidas a sentencia y la convicción que me asiste de que un juez sigue siendo un ser humano frágil pese a su preparación específica para interpretar unas leyes, de ordinario agrietadas por la imposibilidad de recoger por escrito la casuística del comportamiento humano, alguien no desprovisto de prejuicios ideológicos.

Ejemplos de tales visiones ideologizadas de la Justicia, serviles al Gobierno de turno, los constituyen Lamela y Llarena, jueza y juez poseídos por una deformación patria de la justicia hasta la aberración de calificar como rebelión la defensa pasiva de un pueblo catalán invadido y golpeado gratuitamente por una manada también, pero de fuerzas del orden, el día en que decidieron enfrentarse a la Ley porque el diálogo no se había siquiera insinuado como alternativa para acomodar las diferencias de un hemisferio de la sociedad catalana con el país que lo contiene.

Ahora, con lo de La Manada, dividido el veredicto, la Justicia, más bien sus brazos armados, han caído en el desprestigio porque se han atrevido a interpretar desde una presunta literalidad del Código Penal algo que sin embargo ha resultado ser flexible para encapsular en una sentencia y que ha disparado un populismo feminista que, escrito en voz baja, tampoco me despierta un entusiasmo alentador. Esa toma de las calles por un colectivo exasperado, blandiendo consignas y recursos, me recuerda la frase de que la holgura que separa la justicia del linchamiento es la misma que delimita la civilización de la barbarie.

Parece, por el revuelo, como si hubieran absuelto a los primates agresores y al margen de las debilidades del sistema penitenciario, no dejan de ser nueve años. Sin embargo, para ser objetivo conmigo mismo, razono que no conozco los hechos, no he visionado el vídeo y no siempre confío en la prensa como transcriptora fidedigna; y aunque mis simpatías están con los débiles de ordinario y en este asunto no van a ser menos, no quiero incurrir en la prevaricación personal de condenar por mimetismo social.

Siempre que se presenta un caso así, tan disyuntivo entre los propios magistrados y entre estos mismos y la sociedad, me acude a la espontaneidad de la memoria la excepcional Doce hombres sin piedad, en particular la legendaria versión teatral española, en la que un hombre solo fue convenciendo de la inocencia del juzgado a los once restantes que lo daban como culpable.

Combatieron los once en una primera instancia al discrepante con insultos, con descalificaciones, con zarandeos incluso, tratando de ridiculizar a su persona y a sus hipótesis de defensa para acabar claudicando ante la solidez de sus argumentaciones sostenidas, sin otro sesgo que el análisis minucioso de los hechos y la necesaria cuota de escepticismo para no dar nada por sentado de antemano. De ahí que escuchar a ambas partes, sin dejarse mecer por el amarillismo, aislándose de los alaridos mancomunados de la masa, parece el mejor modo de llegar al estadio de la verdad que el conocimiento de las circunstancias permita en cada caso. Eso, esa es la Justicia, la que suele acertar en una amplia mayoría de contenciosos, siendo justo con ella.

Pero sin embargo y paradójicamente, la separación de poderes se ha venido revelando como un mantra salvífico sostenido por quienes gestionan no solo el Estado sino sus cloacas, a menudo el escenario donde se dirime la política y se toman las decisiones más trascendentes. Los agujeros de gusano que intercomunican al poder judicial con el ejecutivo se han evidenciado con nitidez en el caso catalán, donde una acción del independentismo tenía su reacción casi simultánea en Gobierno y en la fiscalía, para irradiarse esa celeridad y esa sintonía represora en unos jueces sutilmente escogidos por su marcada beligerancia hacia el separatismo. ¿Procesos que duran meses, años, contra procesos que duran días, horas? Ha resultado tan mezquina la agilidad judicial en lo que concierne a Cataluña frente a la dilación de decenas de casos, incluso lo más mediáticos, que aunque lo repitan mil veces, unos y otros, lo de la independencia de los jueces, las mil mentirán.

Ese elevado concepto de sí mismo que tiene el estamento judicial, ese elitismo corporativo que le irrumpe conjunto cuando alguien se inmiscuye en una independencia que se ha revelado inexistente ya no solo en el caso catalán, sino en el más reciente de la ratificación por el TC de la continuidad de la concesión de subvenciones a los colegios que segregan por sexos, pronunciándose el Constitucional en favor de mantener esta práctica por un resultado de 8 a 4. Ocho jueces conservadores, designados por el PP, frente a 4 progresistas, supuestamente, propuestos por el PSOE. Desalentador para que depositemos nuestra confianza en su neutralidad.

Y si algún ser superior judicial presenta parecidos problemas personales, adictivos, de sectarismo, machismo o cualquier otro que pueda alterar la ecuanimidad de una sentencia como parece ocurrirle al quijotesco magistrado del tribunal de La Manada que manifestaba ver gigantes donde parecía haber molinos, urge una revisión para que los comités de disciplina del CGPJ no teman congelarlo hasta que sane, o apartarlo para siempre, no fuera que los añicos de su lanza se incrusten en una sociedad sensible a que les interesen el costado del pus fácil.

Una vez más, un ministro de Justicia, este, un perfecto dictador protegido y alimentado por su cargo, ha vuelto a sembrar, con la exteriorización un tanto críptica de la situación personal del magistrado discrepante, que los jueces también eructan.

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