El 24 de mayo de 1743 nació Jean Paul Marat, periodista y revolucionario francés, en la parte más radical del ala izquierda, conocido como «el amigo del pueblo» pero que acabó por transformarse en «la ira del pueblo» e incluso asfixiar a la propia república. El 24 de mayo de 2015 se gestó otra revolución política en España, salvando las distancias, con unas elecciones municipales en las que desembarcaron las denominadas formaciones asamblearias a través de las marcas blancas de Podemos, comicios que acabaron en muchos casos con años de absolutismo popular.
Castelló no fue una excepción. Las urnas cocinaron hace tres años un pastel variado y jugoso, sin mayorías absolutas y con cinco formaciones políticas: PP (8 concejales), PSPV (7), Ciudadanos (4), Compromís (4) y Castelló en Moviment (4). Solo en las primeras elecciones municipales de la época democrática, en 1979, ha habido tantos partidos: PSOE (12 concejales), UCD (10), Esquerra Independent de Castelló (2), Partido Comunista del País Valencià (2) y Coalición Democrática (1).
De 1979 a 1991 la capital de la Plana vivió en manos de los socialistas, los dos primeros mandatos con Antonio Tirado y el último, de 1987 a 1991, con Daniel Gozalbo. Desde entonces, y hasta 2015, nada menos que 24 años de gobiernos del Partido Popular y siempre con mayorías absolutas en un ayuntamiento polarizado por PP y PSPV y con pequeñas incorporaciones de concejales del Bloc/Compromís y de Esquerra Unida. José Luis Gimeno (1999-2005), Alberto Fabra (2005-2011) y Alfonso Bataller (2011-2015) fueron los poseedores de la vara de mando de alcalde popular.
Y la revolución llegó, avisando pero sin duda sorprendiendo, con unos resultados electorales hace tres años que abrieron la puerta a un pacto casi obligado entre las fuerzas de izquierdas. El PSPV, curiosamente, recuperó la alcaldía con los peores resultados de su historia, pero edulcorado por unos nuevos tiempos en la política que parecen apuntar al final de las mayorías absolutas, al menos en Castelló, y a la necesidad de pactos.
Fueron semanas de complicadas negociaciones, pero todo quedó definido en torno al Acord del Grau que suscribieron PSPV, Compromís y Castelló en Moviment para que la ciudad tuviese su primera alcaldesa, la socialista Amparo Marco, que prometió su cargo el 13 de junio de 2015. Eso sí, con PSPV y Compromís en solitario en el gobierno municipal y con sus socios de Castelló en Moviment en la cómoda bancada de la oposición para fiscalizar sin ataduras su labor.
Queda un año para las nuevas elecciones municipales, las de 2019,y los próximos meses van a ser una prueba de fuego para la estabilidad de un pacto que, pese a los desencuentros, ha aguantado. Conjugar la gestión municipal, los proyectos que tienen que ir viendo la luz a corto plazo y la batalla política por captar votos obligará a poner sobre el tapete las cartas de todos los jugadores y su capacidad de mantener el equilibrio.
Es quizás el momento de conocer el grado de cumplimiento del Acord del Grau, que prometió poner a las personas en primer lugar de las prioridades, sobre todo en temas clave como el derecho a una vivienda, que es quizás uno de los grandes lastres que no ha sido capaz de solucionar. Pese a ello, ha impulsado las políticas sociales con presupuestos que han ido creciendo año tras año.
Uno de los temas que más pica a los ciudadanos es el de los impuestos, que han subido para la oposición, pero que se han redistribuido según el equipo de gobierno, que por ejemplo ha aplicado una reducción de los coeficientes del impuesto sobre bienes inmuebles. Otra de las grandes apuestas de estos años ha sido llevar la cultura a la calle, y lo cierto es que se han asentado los eventos en la vía pública todos los meses, excesivos para algunos ciudadanos críticos, pero brillantes y necesarios para otros.
El proyecto estrella, en cualquier caso, es el nuevo Plan General de la ciudad, el gran objetivo del Acord del Grau, que ha convertido en oportunidad el fiasco que supuso la planificación urbanística del Partido Popular, tumbada por el Supremo, y que ha obligado a la ciudad a regirse por unas normas urbanísticas transitorias de urgencia.
El objetivo, más bien el deseo, es que para los comicios de 2019 Castelló ya tenga aprobado un Plan General que acabe con el ciclo de cemento y abra la etapa del urbanismo sostenible, realista y para el peatón, como así lo han defendido las tres patas del Acord del Grau. En la actualidad está en fase de exposición pública y, por supuesto, no exento de conflictos, con especial sensibilidad en dos distritos de la ciudad, Marjaleria y Crèmor, que están dispuestos a batallar en los juzgados si no se atienden sus demandas.
Llega así el tramo final de un mandato que, curiosamente, ha avanzado en los aspectos de gestión de la ciudad más importantes, pero que ha tenido desencuentros serios, por no decir graves, en cuestiones de elección de personal de confianza. El más sonado, el de Juan Ángel Lafuente, amigo de la alcaldesa, que no tuvo más remedio que cesarlo de la oficina de planificación económica al quedarse sin el apoyo de sus socios. Eso sí, su sombra sigue siendo aún alargada.
Compromís, por su parte, ha logrado finalmente el apoyo de los socialistas en su deseo de recuperar el nombre único de Castelló para la ciudad, aspecto que no era prioritario para el PSPV y que ha servido de arma arrojadiza para PP y Ciudadanos. El pleno de este mes de mayo certificará el acuerdo por el topónimo Castelló de la mano del Acord del Grau, que llega al último año del pacto rememorando esa época en la que Marat se convirtió en «el amigo del pueblo»... de momento.
