J. Antequera, Castelló
El presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, ha recusado a uno de los peritos judiciales que investigan sus cuentas en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló deliberaron ayer sobre el recurso de apelación que ha presentado Fabra para que el inspector de la Agencia Tributaria adscrito a la Fiscalía Anticorrupción no fiscalice los ingresos que ha estado obteniendo, en calidad de abogado y corredor de seguros, desde el año 99.
El argumento principal que esgrimen los abogados en el recurso de apelación es que, como los peritos elegidos por la Fiscalía Anticorrupción pertenecen a la plantilla de la Agencia Tributaria, son parte implicada en el proceso y sus informes son parciales o pueden estar contaminados. Tanto el fiscal como la acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, se han opuesto a este recurso, alegando que los peritos que elaboraron el informe sobre el supuesto fraude fiscal de Fabra en su declaración de la renta de las personas físicas correspondiente a 1999 ni siquiera son los mismos que en la actualidad llevan a cabo la investigación.
Según las mismas fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la resolución de los magistrados de la Audiencia Provincial, sobre si admiten o rechazan los argumentos del presidente de la diputación, podría estar terminada y darse a conocer públicamente a lo largo de esta semana.
Este recurso de apelación es uno más de los múltiples que el líder provincial del PP ha ido interponiendo desde el año 2003, cuando estalló el escándalo político, y que la sala segunda de la Audiencia ha ido rechazando, uno tras otro desde hace tres años. Cabe destacar que Fabra ha presentado otros recursos para evitar que la Fiscalía Anticorrupción investigue el patrimonio personal de sus cuatro hijos, aunque de momento, la Justicia ha dado luz verde a esta investigación, alegando que en este tipo de casos «no es infrecuente que el lucro obtenido se oculte en la esfera familiar».
